Carecen universidades Benito Juárez de programación y documentación

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 del Programa Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García", y señaló que estas instituciones carecen de una programación integral de estudios, así como de documentación respecto de la adquisición de los predios donde se construyen los edificios de estas instituciones, entre otras cosas.

En Tlaxcala, desde 2019 operan dos de estas universidades, una en Xaltocan, donde ofrecen la Ingeniería Ambiental para la sustentabilidad y la de Cuapiaxtla, donde ofrecen la Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, las cuales han operado en instalaciones prestadas.

En el documento "Avances y retos del Programa de Universidades para el Bienestra Benito Juárez", señala como debilidades de este programa federal de estudios universitarios, que requiere mejorar el diseño del programa, específicamente, en el diagnóstico y los lineamientos, para que exista consistencia entre estos instrumentos, y con ello se planteen con claridad los objetivos y la población que será beneficiaria de las Universidades, entre otras cosas.

El Coneval señala que el programa ha avanzado en el registro de algunas de las carreras para la obtención de una certificación y validez oficial, sin embargo, este no es el caso de todos sus planes de estudio, situación que pone en riesgo la posibilidad de emitir títulos y cédulas profesionales de las y los alumnos que están inscritos.

También señala que estas universidades enfrentan retos como la consolidación del servicio educativo, ya que al buscar cumplir con la meta de abrir cien universidades en menos de un año.

Indica que las sedes educativas empezaron a operar a la par de la consolidación de otros aspectos que definen la calidad de la oferta como: validación de estudios, contratación de docentes, capacitación, infraestructura, materiales para laboratorios, seguimiento, entre otros aspectos que deberán reforzarse en el corto plazo.

El estudio señala que falta documentación pública de los procedimientos que se llevan a cabo para la ejecución de las obras en las sedes educativas: recursos asignados, tipos de proyectos y materiales, procedimientos para garantizar la seguridad estructural, mecanismos para la toma de decisiones, vinculación con expertos técnicos, instituciones especializadas y otros actores, incidencias y buenas prácticas en la ejecución de las obras, entre otros.

Añadió que hay poca claridad sobre las actividades planeadas para dar mantenimiento de las sedes educativas, lo cual en el mediano plazo podría generar un riesgo debido a que el uso de las instalaciones, así como el medio ambiente deterioran naturalmente la infraestructura de las sedes educativas, comprometiendo las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento requeridas por alumnos, personal docente y administrativo.

Y consideró algunas amenazas para estas universidades, ya que su consolidación también depende del resto de la oferta educativa de otras instituciones de educación superior que buscan una mayor cobertura a partir de la operación de sedes alternas, programas de becas y/o apoyos económicos, modalidad a distancia o mixta.

Otra amenaza es que el nivel medio superior enfrenta problemas por sí solo de disponibilidad y pertinencia, lo cual ha generado la baja cobertura y eficiencia terminal en este nivel educativo, teniendo una mayor incidencia en las localidades más aisladas y los grupos más vulnerables; lo cual puede resultar en una demanda menor a la anticipada en el mediano y largo plazo, y con ello dificultar la sostenibilidad del programa.

Una de sus oportunidades es que este programa de intervención forma parte de los 30 programas y proyectos prioritarios de la actual administración federal y, además, está considerado como parte de uno de los ejes principales “Política Social” del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), por lo que se considera que el programa tiene mayor certeza de poder contar con los recursos económicos y el apoyo institucional necesarios para lograr sus metas y cumplir con sus objetivos.

La evaluación final del programa es resultado de un análisis de gabinete, dado que no hubo condiciones para llevar a cabo el trabajo de campo. En virtud de lo anterior, el CONEVAL reitera el interés por desarrollar el trabajo de campo para este programa y así contar con la evaluación de diseño en los mismos términos en los que fueron realizadas las 16 evaluaciones restantes.

En cuanto a la cobertura del programa, ésta difiere en los documentos compartidos por el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, así como en los informes oficiales, ya que no son consistentes las cifras que se presentan respecto del total de personas que estudian en las sedes.

La operación de este servicio educativo está a cargo del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG), organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), creado el 30 de julio de 2019, cuyo objetivo es prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior, a través de la operación de cien sedes educativas a nivel nacional.

No se identificó que el padrón del programa estuviera difundido públicamente, ni se conocen los mecanismos para su depuración y actualización.

Y consideró que esta información podría coadyuvar a la generación de un Padrón de Beneficiarios que ayude a sistematizar los alcances de la intervención, dotar de información para el seguimiento, evaluación y ayudar a tomar decisiones basadas en evidencia.