Denuncia síndico de Totolac violencia de género en su contra

María Elena Conde Pérez, síndico del municipio de Totolac, denunció ser víctima de violencia de género en el ayuntamiento que preside Giovanni Pérez Briones, pues asegura que éste y el resto de integrantes del ayuntamiento, "de manera ventajosa" aprovecharon que ella tuvo problemas de salud para quitarle el cargo e imponer a su suplente, "y de esa manera ellos podrían dar pie a la aprobación de diversas irregularidades en el ayuntamiento".

La afectada dio rueda de prensa, en la que informó que, desde el pasado 23 de agosto, fecha en que dio positivo a infección por Covid-19, tuvo una licencia de salud por un periodo de quince días, periodo en el que se recuperó, pero al solicitar su reincorporación a su encargo el pasado 11 de septiembre, en el ayuntamiento no le hicieron y además, en sesión de Cabildo del 23 de septiembre, le extendieron su licencia al cargo por razones médicas, sin tomarla en cuenta.

Aseguró que el alcalde y regidores están bloqueando sus intentos para reincorporarse al cargo, y que, "en la operatividad administrativa y financiera de la columna pueden existir diversas irregularidades, para la cuales su presencia sería un obstáculo, fui víctima de presunto abusos al obligarme a realizar la revisión de la cuenta pública, consistente en miles de hojas, en un sólo un día, violentando el periodo de tres días con la ayuda de auxiliares que se encuentra prevista en la ley".

Por tal razón, su representante legal, Katy Valenzuela promovió el juicio de protección de derechos políticos JDC-23/2020 ante instancias jurisdiccionales para que sean las autoridades quienes resuelvan su reinstalación en el cargo y el pago completo de sus percepciones desde el pasado 23 de agosto.

La representante legal pidió que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resuelva, a la brevedad, la reincorporación de la síndico a su cargo y que se lleve a cabo el pleno ejercicio de sus funciones.

Esto porque el alcalde incurrió en un impedimento legal para permitir que la síndico ejerza sus funciones, de ahí la denuncia para la protección de los derechos político electorales, se pidieron  medidas cautelares, así como una disculpa pública por parte del presidente municipal o la amonestación y en su caso la inhabilitación ñ, "y tenemos que ver y si efectivamente las reformas del Congreso del estado serán efectivas a través de los órganos jurisdiccionales, es decir, que se lleve a cabo lo que establece la ley en materia electoral".