Pedirán a instancias federales que investiguen el manejo de recursos en la LXIII legislatura

Integrantes de la a Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), señalan que los diputados locales mantienen una actitud nefasta, lo que "demuestra que ellos no quieren legislar para beneficio de los tlaxcaltecas".

Reprocharon a los legisladores locales que jamás aceptaron el llamado que hizo la sociedad civil para que designaran el presupuesto del Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Municipales a apoyo real de las comunidades por la pandemia de Covid-19.

"El pasado jueves mostraron su hambre de poder y dinero, no se ve una señal de que quieran legislar, ellos etiquetan presupuesto para puras conveniencias y de paso solapan a las demás autoridades y fomentan la corrupción", agregaron.

También criticaron al nuevo presidente de la Junta  de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Ramiro Vivanco Chedraui, de quien dijeron cuando estuvo en la Semarnat como delegado "se lavó las manos ante el problema de la contaminación del río Zahuapan y como presidente de la comisión de Ecología en el Congreso no demostró capacidad, por eso preocupa que esté frente a la JCCP, por su falta de capacidad".

Insistieron en que los legisladores locales han incurrido en diversos actos de corrupción "y los ciudadanos deben saber qué clase de diputados tenemos, pues esta legislatura ha sido improductiva y es la más corrupta que ha habido".

Detallaron que en 2019, en los fondos de campo y obra se repartieron 450 millones, en 2020 485 millones de pesos para municipios "estos son los famosos moches que han disfrazado los diputados, en los dos años han recibido 935 millones, divididos entre los 25 diputados, a cada uno le han tocado como 37 millones de pesos a lo que se suma el recurso por cada ajuste trimestral que es de unos 50 millones de pesos y de gestión social en 2019 fueron 79 millones y en 2020, 84, todo esto nos da un promedio de 45 millones de pesos para cada diputado en lo que va de su administración".

Por esa situación solicitarán al Senado de la República investigar los destinos de los recursos "y si encuentran malversación que ejerzan castigo penal, también a la unidad de inteligencia fiscal del SAT para que haga una carpeta de investigación sobre los bienes muebles e inmuebles de cada diputado y que el Ejecutivo federal investigue y que se devuelvan al pueblo lo robado".