Tlaxcala, la entidad con menos medidas que violarían derechos humanos durante pandemia

En Tlaxcala se aplicaron un total de 10 medidas extraordinarias con potencial violatorio de derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19, a nivel nacional es la entidad que menos atentaría contra las garantías individuales al ubicarse en el lugar 32, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

El informe señala que, junto con Tlaxcala, en el estado de Puebla se destacó que el uso obligatorio de cubrebocas supone una violación ante la posibilidad de sanciones o no establecerse una temporalidad; también destacó como violación la reducción de movilidad.

En el caso de Puebla, aplicó un total de siete medidas colocándose en el lugar 23 en el plano nacional y Tlaxcala con tres medidas implementadas estuvo colocada como la entidad 32, es decir la que menos tendría acciones violatorias.

En la entidad fueron tres medidas aplicadas como filtros sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas, y otras.

El reporte del Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos, emitido para la meses de mayo y junio de 2020, señaló que “la implementación de toda medida que restrinja derechos debe de estar en el marco de competencias de la autoridad que la aplica y éstas deben ser proporcionales para evitar incurrir en actos que violen derechos humanos y fomenten abusos de autoridad o discriminación”.

El reporte determinó que los gobernadores, al ser autoridad sanitaria, tienen facultades para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias, pero algunas acciones que éstos han adoptado, han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos.

En el país, las autoridades estatales y municipales emitieron un total de 428 medidas entre las que están la reducción de movilidad, filtros sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas, hasta llegar a toques de queda, restricción de acceso, restricción de movilidad, y cierre de accesos.

El reporte señala que es importante notar que, si bien algunas de estas medidas no parecen suponer una grave violación a derechos humanos, algunas van acompañadas de sanciones severas o no cuentan con una temporalidad clara, ni con protocolos de ejecución para guiar a las y los funcionarios públicos encargados de implementarlas.