La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la renuncia al cargo como directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Yeny Charrez Carlos el día 15 de agosto del presente año. 

Personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, Visitaduría de la PGJE y observadores de Derechos Humanos, acudieron a las instalaciones del CJM para dar paso a la entrega-recepción y realizar el protocolo que se realiza en este tipo de casos, donde se respetó en todo momento la libertad de expresión.

Asimismo, la PGJE manifiesta su compromiso con la transparencia y austeridad que se aplica en el presupuesto de recursos federales que fueron otorgados para el programa de Alerta de Violencia de Género.

El proyecto original que presentó la entonces directora del CJM observaba una serie de inconsistencias ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), donde pretendía aplicar recursos por 92 mil 800 pesos para difusión en medios de comunicación sin especificar cuál sería el gasto mensual, 577 mil 792 para contratar servicios de consultoría externa, 640 mil para contratar personal con un salario de 3 mil 555.55 pesos mensuales, además de gastos de operación por un monto de 348 mil 910.83 pesos.

Si el proyecto se hubiera ejecutado en los términos anteriores hubiera derivado en observaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior.

Ante las inconsistencias del proyecto, la PGJE procedió a presentar la modificación bajo los principios de austeridad para lograr mayores beneficios en los programas de perspectiva de género, quedando de la siguiente forma: 50 mil pesos en gastos de difusión; 136 mil 612 pesos en gastos de operación y un millón 472 mil 890 pesos en servicios personales.

Además, la PGJE estableció un salario digno para las personas que cubrieran los perfiles que fueron autorizados por Conavim y ya se trabaja con este presupuesto en los municipios.

La Procuraduría General de Justicia del Estado realiza, bajo los principios de constitucionalidad y legalidad, así como de los derechos humanos, los procedimientos administrativos que le corresponden apegados a Derecho.