No lo cuente en voz alta, pero en la mayoría de los municipios las síndicas y síndicos se han vuelto un verdadero talón de Aquiles de los presidentes municipales.

En muchos de los casos, la razón no es porque busquen combatir los presuntos excesos, la opacidad o la corrupción como lo argumentan, la mayoría están molestas y molestos porque los ediles les amarraron las manos y no los dejaron, desde el inicio, hacer y deshacer a su antojo.

Ejemplos hay muchos, pero los más sonados son quizá los de Tlaxco, Chiautempan, Xaltocan, Panotla y San Pablo del Monte, por mencionar algunos.

En Chiautempan, María Estela Hernández Grande ha sido una servidora pública cuyo único trabajo al frente de la sindicatura, en poco más de un año, ha sido el de negarse a firmar las cuentas públicas del Ayuntamiento, argumentado, sin ningún tipo de evidencia, anomalías financieras y gastos sin comprobar.

Pero lo que no ha dicho la síndica de Chiautempan es que su inexperiencia en la función pública, su falta de compromiso con los chiautempenses, aunado a su pobre equipo de asesores comandados por el ex funcionario del ayuntamiento de Tlaxcala, Genaro Cortés García le han dejado como único resultado que el municipio no haya podido bajar recursos federales en 2022.

La razón es simple, al inicio de la actual administración, Profepa les notificó una multa por un trámite que no realizó el ex presidente Héctor Domínguez Rugerio y según se sabe, Hernández Grande ocultó dicha información o simplemente la dejó pasar, lo que derivó en una sanción millonaria para las arcas municipales.

Para arreglar este desbarajuste, el Ayuntamiento tuvo que contratar un crédito fiscal y así solventar estas y muchas anomalías más que dejó la administración pasada y, es por ello que Chiautempan no ha sido candidato para obtener recursos extraordinarios por parte del gobierno federal, por lo menos en todo este año.