Al concluir su gobierno en 2012, Felipe Calderón Hinojosa fue denunciado por delitos de lesa humanidad por el declarar la guerra contra la delincuencia, así como por el operativo Rápido y Furioso, a través del cual fueron introducidas a México más de 2 mil armas largas de Estados Unidos a México y que fueron usadas por el crimen organizado; fueron vendidas sin chip de geolocalización.

Entre los denunciantes se encuentra la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que alegó violaciones graves a los derechos humanos, delito que no prescribe. Además se solicitó un juicio político en contra de Felipe Calderón por los muertos durante su sexenio, derivado de la guerra contra el crimen organizado y la violencia que provocó el incremento de armas ilegales en el país.

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