Esta semana conocimos a través de una rueda de prensa que un grupo de trabajadores sindicalizados que laboraban en el ayuntamiento de Huamantla acusaron que fueron despedidos de manera injustificada e ilegal, motivo por el cual solicitarían a las autoridades estatales juicio político en contra del alcalde Salvador Santos Cedillo.

Lo curioso de todo el caso es que, quien los representa, extrañamente también fungía como abogado defensor del ex alcalde huamantleco Jorge Sánchez Jasso, acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito y otras linduras más en la pasada administración.

Por donde se le vea, el asunto en Huamantla no es por defender una causa justa, sino que, la sola presencia de un personaje tan cuestionado como Sánchez Jasso y su abogado de cabecera, el ex alcalde de Apizaco, Orlando Santacruz Carreño, lo convierten en una vendetta política en contra de una administración que, por primera vez en mucho tiempo, logró poner orden en la casa, al limpiar las arcas municipales.

Ya veremos en que termina todo este asunto, donde quien más pierde de nueva cuenta es la ciudadanía que ya no soportaba los malos tratos de grupos de sindicalizados que no desquitaban su sueldo y que solo cobraban sin trabajar; ya que muchos de ellos no estaban actualizados en el manejo de herramientas tecnológicas que permitan una atención eficaz y eficiente y su mayor preocupación era checar su salida a tiempo sin un minuto más. 

Lo que sí es un hecho es que los argumentos vertidos por el grupo de inconformes y por Santacruz Carreño, sencillamente no tienen justificación, pues los huamantlecos y quienes conocen mejor este embrollo, valoran más que los millones de pesos destinados a un grupo pequeño de personas sea usado ahora para beneficio de miles.