A cinco meses de iniciar su gestión, el gobierno de Tlaxcala oficializó la creación de la Oficina para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que dependerá de la Secretaría de Gobierno (Segob).

La publicación del decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para la creación de esta instancia se efectuó el pasado 15 de febrero y se establece que se nombrará a su titular en los siguientes tres días a partir de su oficialización.

La creación de la Oficina se da en medio de un clima de violencia para comunicadores en el país y constituye uno de los compromisos de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Con la creación de la Oficina local para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estos sectores tendrán defensoría y acompañamiento, además de que está se encargará de coordinar políticas públicas en esta área.

La creación de la Oficina para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se  basó en el artículo primero de la Constitución  de los Estados Unidos Mexicanos, que asegura que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en acuerdos internacionales, además de basarse en el artículo sexto que habla del derecho a la manifestación de ideas el derecho a la información, así como el artículo 73 de la misma carta magna y la Ley Para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Esta última busca garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad, de las personas defensoras de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

El decreto que establece la creación de la oficina también establece que dentro de los derechos de los periodistas está el secreto profesional, acceso a las fuentes de información, el respaldo estatal para la formación profesional continua y reconocimiento como periodista.

Asinismo, considera como secreto profesional de los periodistas su derecho a negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información, cuando esté considerada como reservada, siempre y cuando ésta se difunda con apego a la legalidad y a los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad y esté debidamente contrastada y documentada.