Colectivos y activistas cerraron filas en torno a Yeni Charrez Carlos, tras la polémica suscitada con su salida al frente del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) y advirtieron que existen el peligro de regresión y retrocesos en los derechos humanos de la sociedad y en particular de las mujeres y enfatizaron que este caso va más allá de un asunto personal por este tema.

A un día de que se cumpla un año de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala, de la cual dijeron poco o nada se ha visto de avances, las activistas criticaron que se violenten los derechos en espacios institucionales y expresaron su apoyo a Yeni Charrez.

De esta forma, con la presencia de las activistas y también ex diputadas Leticia Hernández y Eréndira Jiménez, el colectivo 50 más uno, la Mesa Redonda Panamericana, el representante de la Red Estatal de Víctimas, Efrén López y la consejera nacional por Tlaxcala de consejo social del Inmujeres, Silvia Avelina Nava, entre otros, enfatizaron que el reto está completo y se requieren acciones contundentes, pues no está cumpliéndose con las acciones y solo hay 10 ministerios en atención a violencia a las mujeres que no pueden acceder a la justicia.

“Por eso se dice que no funcionan las alertas, pero no funcionan los estados, sólo sirven si hay voluntad política”.

En este sentido, Silvia Avelina Nava reiteró que no se trata de un asunto personal de la salida de Yeni Charrez, “se trata de las mujeres, lo que realmente está detrás es prevenir riesgos y eventos dolorosos que hoy los acosan y nos sobrecogen todos los días de ver como no podemos detener esta serie de daños a las personas (…) no podemos volver a regímenes donde la voz, la expresión estén solamente de manera coyuntural o selectiva, todos tenemos derechos”.

En tanto, Yeni Charrez rechazó las declaraciones del secretario de Gobierno, Sergio González, quien la víspera insistió en que la salida de la activista era un asunto meramente laboral y manifestó que su labor no fue la causante “de lo que su procuradora no puede hacer”, ya que no se puede judicializar los casos de mujeres que están pendiente, sino hay ministerios públicos, por lo manifestó que se está negando el acceso y procuración y justicia a víctimas de violencia.

Al mismo tiempo, se llamó a las autoridades a que se comprometan con el resguardo a los derechos humanos y trabajar para concretar la alerta y destacaron una serie de procesos que implica como la revisión de los procesos, presupuestos, transparencia, entre otros, además de la participación de la sociedad, ya que la pasividad y la falta de claridad pueden tener altos costos para la sociedad.