Para fortalecer los mecanismos que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, así como del ejercicio de la libertad de expresión, la Secretaría de Gobierno, a través de la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentó la propuesta de Iniciativa de Ley en la materia que será enviada al Congreso del estado.

Durante la presentación, el director Jurídico de la Segob, Miguel Sánchez Ramírez enfatizó que es fundamental acompañar a los periodistas ante todo este escenario adverso para que, en el ejercicio de su profesión, cuenten con una correcta defensa a su integridad, a la confidencialidad de su información y una mejor calidad laboral.

En este sentido, refrendó el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para consolidar la ley local a favor de los derechos de activistas sociales y periodistas, al tiempo de manifestar el profundo respeto al ejercicio de la libertad de expresión.

En su momento, Leonel Tlalmis Robres, director de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, explicó que esta iniciativa está compuesta de 108 artículos, XIX capítulos y 14 artículos transitorios, a través de los cuales se establecería el Sistema de Protección Integral a Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Se incluye la creación de la Junta de Gobierno que será el órgano máximo de deliberación y toma de decisiones en el Sistema de Protección Integral y donde tendrán representación instancias como la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Congreso del estado y el Poder Judicial, entre otras instancias.

Se daría paso al establecimiento de un Consejo Consultivo que estaría integrado por cuatro personas con experiencia y conocimientos en materia de ejercicio de la libertad de expresión y defensoría de derechos humanos, electos a través de una convocatoria pública.

De igual forma, se prevé la creación de la Coordinación Ejecutiva que supliría a la actual Oficina Local y contaría con cinco Unidades Técnicas que serían la de Reacción, Evaluación, Administrativa, Jurídica y Comunicación Social.

Se establecen las Medidas de Prevención, Medidas de Protección y Urgentes de Protección, así como Medidas Cautelares, que incluyen sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, todas con el objetivo de garantizar la integridad tanto de periodistas como de personas defensoras de derechos humanos.

Otros apartados que se incluyen es el secreto profesional, que será una de las partes fundamentales a considerar para que los periodistas no sean obligados a revelar la fuente, todo con estricto apego a lo previsto en el artículo sexto constitucional y su respectiva Ley Reglamentaria.

También se establecen figuras jurídicas como la censura previa, la cláusula de conciencia, el seguimiento de denuncias de oficio, que el periodista y la defensoría de derechos humanos sean catalogados como actividad de alto riesgo, que serán aspectos fundamentales a considerar para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es decir, toda agresión o amenaza será atendida de manera inmediata y oficiosa.

En el mismo evento se llevaron a cabo cinco mesas de trabajo en las que participaron integrantes de asociaciones civiles de derechos humanos, así como agrupaciones de periodistas, quienes aportaron importantes ideas para la retroalimentación de la propuesta de ley, la cual será entregada en unas semanas ante el Congreso del estado para su posible aprobación.

Al evento asistió la diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes de la LXIV Legislatura; Emanuel Sánchez Reyes, consejero consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Didier Fabián López Sánchez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.