Ante el contexto de violencia que se ha agudizado en el país en contra de periodistas y comunicadores, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronunció por la implementación de seis medidas urgentes y concretas por parte de las autoridades, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos humanos de quienes ejercen el periodismo y la comunicación, lo mismo que el derecho que la sociedad tiene de ser informada.

A ese pronunciamiento se sumó la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), que pidió al Estado mexicano garantizar todas las condiciones para el ejercicio de su labor, sin que la vida de ningún comunicador y comunicadora corra peligro. También demandó el esclarecimiento de todos los asesinatos cometidos en contra de periodistas de todo el país.

A las acciones solicitadas en el pronunciamiento realizado por la CEDH, y realizado simultáneamente en las sedes de las comisiones estatales integradas a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se encuentra el que las investigaciones de las agresiones y asesinatos en contra de periodistas cumplan con los principios de la debida diligencia, tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión.

El pronunciamiento también incluye garantizar el acceso al derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas directas y sus familias, a través del esclarecimiento de los hechos mediante un recurso judicial adecuado y efectivo ante autoridades independientes, imparciales y competentes, como una forma de reparación y como un instrumento para que las autoridades rindan cuentas y se impida que la impunidad siga siendo un incentivo para la violencia.

La presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, subrayó la importancia de generar un ambiente libre de calificaciones o acciones que estigmaticen y desacrediten la labor de las personas periodistas, lo que implica –dijo- garantizarles el respeto de sus derechos humanos, así como la protección de su honra y dignidad.

También subrayó que se deben impulsar los cambios necesarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con enfoque de género e interseccionalidad, que tomen en cuenta las necesidades individuales y colectivas, medidas sociales, desplazamiento forzado y planes de retorno.

De igual forma, subrayó que es necesario contemplar que en los estados las investigaciones cuenten con los recursos y capacidad de quienes investigan, aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, vigente desde octubre de 2018.

Otra acción que enumeró fue que antes de avanzar a una Ley General en la materia, es necesario abrir canales incluyentes y participativos en los que se escuchen las voces de las personas periodistas y comunicadores, así como a las organizaciones sociales especializadas en la materia, a fin de fijar como una prioridad política del Estado Mexicano el compromiso con la libertad de expresión y el acceso de todas y todos a la información.

En tal circunstancia, indicó que es indispensable contemplar en las todas las acciones, no sólo a quienes trabajan en medios de información, sino también a personal de apoyo como las y los "periodistas ciudadanos", lo mismo que a otras personas que empleen los nuevos medios de comunicación como instrumento para hacer llegar información al público, tales como youtubers, blogueros, influencers, etcétera.

Por su parte, en su intervención, el presidente de la UPET, Moisés Morales del Razo, hizo un llamado al gobierno estatal para echar a andar lo más pronto posible la Oficina de Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, como una importante herramienta para garantizar la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico.