El gobierno de Tlaxcala no contó con la justificación legal de 539.2 millones de pesos ejercidos durante 2021, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo cual sería una violación a las leyes de transparencia y compras públicas.

De acuerdo al seguimiento efectuado en el documento denominado "Compras Públicas Estatales: ¿Dónde quedaron los datos?, se reportó que en 18.5 por ciento de los procesos de excepción, por los cuales no se registraría una licitación, no se contó con una justificación legal para este proceso, ya que la celda de este dato se encontró vacía y representa un riesgo de decisiones discrecionales y ambiguas en los procesos que limitan la competencia entre los proveedores de bienes y servicios de la administración estatal.

En el seguimiento efectuado por el IMCO a los procesos de compra de las instituciones de seis entidades del país durante 2021 disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se visualizó que las instituciones, en diferente medida, omiten publicar información sobre los procesos de compra.

En su investigación "Compras Públicas Estatales: ¿Donde quedaron los datos?", el IMCO evaluó a las entidades de Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Tlaxcala, con el objetivo de monitorear la información disponible e identificar prácticas de riesgo en las compras públicas.

Esta investigación puntualiza que durante 2021, en el estado de Tlaxcala 26 instituciones estatales que representaron al 41 por ciento de los sujetos obligados a registrar sus procesos de compra, registraron 4 mil 20 procesos por un total de 2 mil 357 millones de pesos.

En cuanto a las limitaciones en el acceso completo a la información, el documento detalla que en 44 procesos de compra pública del estado de Tlaxcala, el campo del RFC se encuentra vacío o registrado con un guión, lo que significa que al omitir este dato o se captura mal, el cruce de bases de datos sobre proveedores sancionados o con operaciones simuladas se ve limitado.