A las autoridades del Estado mexicano garantes de la democracia, igualdad, justicia y paridad de género, partidos políticos, medios de comunicación, Instituciones de Educación Superior y, ciudadanía en general, externamos lo siguiente:

En el marco del V Encuentro de la Red Nacional de Formadoras y Defensoras de

Derechos Politicos Electorales de las Mujeres, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), realizado los días 25 y 26 de septiembre de 2023 en la Ciudad de México, las integrantes de la Red Nacional de Formadoras y Defensoras de los Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres (REFODEP), manifestamos lo siguiente:

Todos los días y a todas horas, las formadoras y defensoras estamos protegiendo y defendiendo los derechos político-electorales de las mujeres, acompañando casos, difundiendo una cultura de igualdad, participando con las instituciones en los avances y vigilando retrocesos, sobre todo, proponiendo dia a día estrategias y actividades en la materia; este trabajo no es un asunto individual, es un trabajo colectivo, feminista y de interés general. Hoy de cara al Proceso Electoral Federal y Local 2023-2024, exigimos:

1. La creación, revisión, desarrollo y aplicación efectiva de las defensorías públicas electorales nacionales, para la defensa de los derechos polticos electorales de las mujeres y de sus defensoras.

2. La creación, revisión, desarrollo y aplicación efectiva de las Defensorías

Electorales locales como una política pública nacional en beneficio de todas las

mujeres de los estados y municipios, con presupuesto y personal debidamente

calificado con perspectiva de género y en defensoría estratégica para la defensa

de las mujeres mexicanas participantes en la vida política y pública del país.

3. Fortalecer y armonizar la legislación para atender la violencia política de mujeres en cargos por designación.

4. Diseñar e implementar políticas a nivel nacional y estatal, así como estrategias y proyectos que favorezcan y promuevan la participación plena en la vida pública de las mujeres indígenas y afrodescendientes en los cargos comunitarios en paridad, de modo tal que se garantice su voz, capacitación y participación activa en la vida comunitaria, que es donde se toman decisiones elementales de derechos, servicios públicos y aquellos que afectan sus vidas.

5. Generar políticas y acciones efectivas que impacten en el ámbito municipal tanto en el proceso electoral, como para el ejercicio pleno de cargos de presidencias municipales, síndicas y regidoras, para erradicar la Violencia Política en Razón de Género (VPMRG) de las que son sujetas en particular, las mujeres indígenas y/o afrodescendientes.

6. Fortalecer las acciones en la prevención, atención, sanción y erradicación de la

violencia política en razón de género, así como promover los derechos politicos

electorales de las mujeres, con enfoques de interculturalidad e interseccionalidad

con procesos de formación y capacitación de las mujeres indígenas y afromexicanas para evitar la usurpación y la simulación de participación política.

7. Cumplir cabalmente con la Reforma Constitucional 3 de 3 contra la violencia en

razón de género ante los nombramientos de servidores públicos. En este marco,

resolver de manera urgente los casos en los estados de Zacatecas y Baja

California Sur.

8. Garantizar que las y los servidores públicos que sean designados para ejercer un cargo, no se encuentren en ningún supuesto de la 3 de 3 contra la violencia.

9. Armonizar la Reforma Constitucional 3 de 3 en Campeche, Coahuila, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, CDMX, Morelos, Michoacán y Nuevo León.

10. Revisar y actualizar los criterios establecidos por el INE para el registro de

candidaturas respetando el numeral cuarto del acuerdo que solicita a los partidos 3 revisar que sus candidatos no estén en el registro nacional de personas

sancionadas en materia de violencia política en razón de género.

11. Exhortamos al INE para que verifique y supervise que ningún aspirante a cargos de elección popular esté impedido por haber sido sancionado por violencia política contra las mujeres, ser deudor alimenticio moroso, o estar en el registro de

personas sancionadas en la materia, tal como es su competencia.

12. Reformar la Ley General de Partidos Políticos para destinar un 3% del

presupuesto para el trabajo con hombres en materia de erradicación de la

violencia, cuyo porcentaje sea adicional al destinado al empoderamiento,

capacitación y fortalecimiento de las mujeres.

13. Generar mecanismos para garantizar la reparación integral del daño a las mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género.

14. Establecer lineamientos en el manejo de los datos de casos atendidos por todas las instituciones encargadas y aquellas que son vinculantes en la atención de casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) a Nivel Federal, Estatal y Municipal, a efecto de que se tengan registros con

perspectiva de interseccionalidad y derechos humanos que permitan una atención

debida y la generación de políticas y programas adecuados para los sectores de la

población prioritaria.

15. Promover y exigir programas y acciones gubernamentales que fortalezcan los

derechos politicos electorales de las mujeres, indígenas y afromexicanas, así

como realizar estrategias de apoyo y acompañamiento desde las ONG feministas.

16. Garantizar acciones afirmativas que promuevan la participación y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas.

17. Exhortar a los Institutos Electorales a que exijan una distribución paritaria de las candidaturas, según corresponda en sus municipios.

18. Impulsar la alternancia de género en los municipios, estados, entidades

académicas, organismos autónomos y cargos de designación que no han sido

presididos por mujeres (paridad vertical y horizontal).

19. Exhortar a las autoridades electorales a definir los criterios de paridad para la

renovación de nueve gubernaturas en 2024.

20. Acortar los tiempos de deliberación en casos de Violencia Política contra las

Mujeres en Razón de Género para garantizar procesos expéditos.

21. Garantizar mecanismos para el cumplimiento de sentencias favorables a las

mujeres, que eviten conductas reincidentes y repetitivas

22. Garantizar la efectiva aplicación de la normatividad interna y de los protocolos de actuación al interior de los partidos políticos.

23. Fortalecer y actualizar los bancos de datos referentes a las denuncias, quejas y sentencias en materia de VPMRG.

24. Garantizar en los trabajos de los Observatorios de participación política en las 32 entidades, un impacto efectivo, tanto en la difusión de información actualizada,

como con acciones de protección y defensa de los derechos políticos electorales

de las mujeres, con la participacion de la sociedad civil y la academia.

25. Incorporar y reconocer a las Defensoras de Derechos Políticos de las Mujeres en el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a efecto de que reciban atención y protección debida.

26. Destinar al menos el 30 % del recurso que recibe CONAHCYT de las multas que el INE aplica a partidos políticos, para la investigación, programas educativos,

observación, documentación y divulgación sobre la participación política de las

mujeres, a través de las ONG feministas y de las defensoras de derechos políticos

electorales.

27. Que en los programas de capacitación a precandidatas, candidatas y quienes son elegidas como autoridades se incluyan obligatoriamente los temas de género,

derechos humanos de las mujeres, liderazgo político, derechos político-electorales

y prevención de la VPDMRG.

28. Promover en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas que se adopte la 3 de 3, para ques se aplique en su estructura orgánica en todos los niveles jerarquicos y cargos, así como en los procesos electorales internos, así

mismo, es urgente crear un Registro de Personas Sancionadas en Materia de

Violencia en Razón de Género.

29. Implementar en las IES planes y programas de estudio para dar a conocer los

desafíos y avances del feminismo, de la ciudadania con perspectiva de género, la

democracia y los derechos políticos electorales de las mujeres, prevenir la 5

violencia política y favorecer la igualdad sustantiva, en su labor de formación de

profesionistas del mañana.

30. Exigir a las IES la armonización e implementacion respecto al principio

constitucional de la paridad, así como la reparación del daño por dilación en el

acceso de las mujeres universitarias a puestos directivos.

31. Promover seminarios de reflexión y debate, con personas expertas sobre tema del derecho al acceso a la justicia de las mujeres y reparación integral del daño, en materia de derechos políticos electorales, entre otros temas, así como para el

análisis y supervisión del cumplimiento pleno de las sentencias y el acompañamiento y compromiso gubernamental interinstitucional, necesario a

víctimas de violencia en razón de género, con objeto de erradicar la impunidad y

fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Firman

Red Nacional de Defensoras y Formadoras de Derechos Políticos de las Mujeres

REFODEP

Ciudad de México, 25 y 26 de septiembre del 2023