Grupos feministas de Tlaxcala se sumaron a la Declaratoria Política a favor del aborto, la cual reconoce los avances en las garantías de derechos sexuales y reproductivos, así como la despenalización del aborto en varias entidades federativas.

Dicha declaratoria fue firmada por feministas de 28 estados, que buscan que el aborto se atienda como un asunto de salud pública y se despenalice, en el marco del Encuentro Nacional "Aborto Legal y Seguro", realizado los días 19, 20 y 21 de octubre en la Ciudad de México.

Las organizaciones feministas de Tlaxcala que se sumaron a la Declaratoria Política a favor del aborto legal y seguro en México, fuero Marea Verde Tlaxcala, Red de Acompañantes Tlaxcala, Ddeser Tlaxcala y la Red de Acompañantes por el Aborto Seguro Tlaxcala.

La Declaratoria Política a favor del Aborto Legal y Seguro, cobija a todas las mujeres, personas trans, no binarias, indígenas, afromexicanas, activistas, acompañantes de aborto, mujeres con discapacidades y/o personas con capacidad de gestar.

Asimismo, la declaratoria  reconoce los avances en las garantías de derechos sexuales y reproductivos, así como la despenalización del aborto en varias entidades federativas.

Reconoce también múltiples sentencias favorables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tiempo que advierten, retrocesos democráticos con gobiernos estatales que profundizan la desigualdad impidiendo la garantía del marco de derechos humanos y generando mayor exclusión.

Feministas expresaron que ante las elecciones de 2024 es necesario que quienes aspiren a un puesto público se comprometan a:

Dejar de utilizar el derecho penal para determinar quién en qué condiciones y bajo cuáles circunstancias pueden acceder a un aborto de manera legal y segura, abandonando el modelo de plazos causales y escenarios para erradicar así la posibilidad de criminalizar.

Al mismo tiempo pide asignar presupuesto suficiente, a nivel federal y local, destinado a garantizar servicios de salud de calidad para acceder al aborto seguro, que garantice que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a servicios oportunos, adecuados y de calidad.

De igual manera piden el abastecimiento de medicamentos y otros insumos necesarios para la práctica segura del aborto en los sistemas de salud pública, que elimine barreras que obstaculicen el acceso a medicamentos como el Misoprostol y la Mifepristona.

De igual manera piden asegurar el acceso integral a servicios de salud reproductiva, considerando tanto la orientación sexual e identidad sexogenérica, como condiciones de salud y situación migratoria de cada persona.

Además de ello buscan que se armonicen los marcos normativos de los códigos penales y leyes de salud de todas las entidades federativas con los más altos estándares de garantía de derechos, eliminando el tipo penal y atendiendo al aborto como un asunto de salud pública.