El llamado Plan B de la reforma electoral busca generar un nuevo modelo con reducción de tiempos y personal; cambios en la fiscalización que volverá más flexible el manejo del dinero en las campañas; ajustes para que los servidores públicos puedan intervenir en los procesos y hasta la intervención de instancias del gobierno como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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