Tras asegurar que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ya que son la guía de actuación sobre su responsabilidad y la línea que delimita su actuar frente a las personas, el magistrado Enrique Acoltzi Conde, solicitó a las presidentas y presidentes municipales electos, garantizar una adecuada integración de las procuradurías municipales una vez que inicien su función.

Esto, como parte del conversatorio de inducción denominado “El Poder Judicial y los municipios, una relación clave para el derecho humano de acceso a la justicia”, donde se les brindó toda la información relacionada en materia de impartición de justicia como la actuación de sus policías municipales, los juzgados locales y las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

Al respecto, el magistrado integrante de la Sala Civil-Familiar del Poder Judicial de Tlaxcala, manifestó que los alcaldes deben velar por el progreso integral de sus municipios y sus pobladores, por lo que la integración de sus equipos interdisciplinarios deberá efectuase con personal debidamente capacitado y que cuente con la experiencia necesaria para atender a los NNA.

Refirió que las nuevas autoridades municipales deberán tener claro en qué consiste la representación coadyuvante, que es el acompañamiento jurídico en procedimientos jurisdiccionales o administrativos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los NNA, la cual es ejercida por la procuraduría municipal bajo la supervisión de la procuraduría estatal en la materia.

Indicó que el equipo multidisciplinario, además del procurador municipal, debe estar integrado como mínimo por un asesor jurídico que es el encargado de diagnosticar el nivel de vulneración de derechos de los NNA; un psicólogo que realice acciones de contención; mientras que el trabajador social, será el encargado de efectuar una investigación sobre el entorno de desarrollo.

Precisó que las procuradurías municipales podrán intervenir en casos de vulneración de sus derechos tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional; en el primero de ellos, cuando existan denuncias en el núcleo familiar, centros educativos, centros de salud o cualquier instancia pública o privada donde se condicione el ejercicio pleno de sus derechos; mientras que, en el jurisdiccional, cuando un juez o magistrado solicité la representación coadyuvante.

Resaltó que, en todos los casos, se debe emitir una medida de protección que incluye un plan de restitución de derechos, de ahí la importancia de que se garantice una adecuada integración de las procuradurías municipales.