Derivado de los hechos ocurridos el 26 de mayo en el municipio de Teolocholco donde, presuntamente, el subdirector de la policía municipal de esa demarcación hirió con arma de fuego a algunas personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició un expediente de queja para atender a quienes resultaron con lesiones.

Asimismo, durante la tarde del domingo, personal de la Visitaduría región sur, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al hospital de San Pablo del Monte, a donde llegaron las víctimas, para realizarles las entrevistas correspondientes y determinar si fueron violentados sus derechos humanos, así como la responsabilidad de las autoridades del ayuntamiento.

Medios de comunicación informaron que, en un acto de carácter político, frente a la presidencia municipal de Teolocholco, ocurrió un hecho de tránsito en el que intervino la policía municipal, pero se generó un altercado y el subdirector de la policía municipal detonó su arma de fuego contra civiles.

La presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, condenó cualquier acto y tipo de violencia cometidas por autoridades de cualquier orden de gobierno contra cualquier persona, pues tales acciones vulneran los derechos humanos, que son prerrogativas sustentadas en la dignidad e integridad humana.

Por lo que aseveró que este órgano autónomo investiga para que, en todo momento, se garantice el respeto a los derechos humanos de los participantes en los hechos y que cualquier conducta delictiva, debe ser juzgada bajo los procedimientos del Estado de Derecho.

Añadió que toda persona a la que se le compruebe que cometió actos ilícitos debe ser juzgada bajo los preceptos de la ley.

Derivado de esos hechos, el elemento policiaco señalado de detonar el arma fue detenido por sus propios compañeros y después, elementos de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de la Marina lo trasladaron a la PGJE, para resguardarlo.

El personal de la CEDHT realizó la investigación correspondiente y atendió las necesidades de las víctimas en todo momento para garantizar el respeto a sus derechos y el acceso a la justicia.

 

La Ombudsperson hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender casos como los suscitados en dicha comunidad.