Los poderes judiciales de las entidades federativas, donde se procesan los delitos que más impactan a las personas, como robos, extorsiones y homicidios, están rebasados de trabajo.

Las causas penales iniciadas duplican a las que se cierran; como resultado, la acumulación crece y en algunos estados hay jueces que lidian con promedios de 200 hasta 800 casos simultáneos.

De los casos que se desahogan, solo uno de cada 10 llega termina con una sentencia; el resto de los procesos se cierran por soluciones alternas, por cancelaciones del proceso, o por acuerdos en donde el propio procesado acepta declararse culpable. Eso sí: 90 por ciento de sentencias del fuero común que se imponen son condenatorias.

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