De las 32 fiscalías anticorrupción que operan a nivel estatal en México, sólo cuatro de ellas cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos propios para hacer su trabajo, con un fiscal designado por el Congreso local que opera de manera independiente sin estar subordinado a ningún otro funcionario, y con la capacidad de gestionar y solicitar su presupuesto. Se trata de dependencia con autonomía plena.

En el resto la realidad es distinta. Hay 18 fiscalías anticorrupción que funcionan de manera híbrida con sólo algunas de las anteriores características; mientras que hay otras 10 que carecen de todos estos elementos y trabajan como apéndices de las fiscalías generales de justicia, cuyo titular es designado por el fiscal del Estado.

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