En un incidente que desnuda la crisis moral que permea a nuestras instituciones de seguridad, un elemento policiaco de Chiautempan, Tlaxcala, pasó de "servidor público" a vulgar ratero cuando decidió apropiarse de una cartera extraviada el pasado viernes.

Y es que un elemento de la policía municipal de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, tomó su cartera extraviada en una tienda cercana a la estación del tren y se negó a devolverla cuando fue confrontado.

La cartera cayó de sus pertenencias sin que lo notara mientras realizaba compras. Al percatarse de la pérdida, inició su búsqueda dentro del establecimiento.

Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, se pudo constatar que un agente policial que había ingresado al comercio recogió la cartera y se la guardó, a pesar de haber escuchado que la propietaria estaba buscándola.

Lo verdaderamente indignante del caso no es solo el hurto en sí, sino el descaro con el que este "guardián de la ley" actuó: recogió la cartera del suelo mientras escuchaba que su dueña la buscaba desesperadamente, la ocultó entre su uniforme, ese mismo que debería representar honestidad y protección; y luego, cuando fue confrontado, tuvo la desfachatez de negar los hechos.

¿Qué hubiera pasado sin las cámaras de seguridad? ¿Cuántas veces habrá repetido esta conducta sin ser descubierto? La pregunta flota en el aire mientras este caso se suma a la larga lista de razones por las que la confianza ciudadana en nuestras policías está por los suelos.

La escena resulta tan patética como reveladora: un uniformado obligado a devolver lo robado solo cuando la evidencia lo acorrala. No hubo arrepentimiento genuino, solo la vergüenza de haber sido descubierto y el ayuntamiento anunció en

Redes sociales que será cesado tras pasar su caso al Consejo de Honor y Justicia.

Este bochornoso episodio no es una simple anécdota, sino el reflejo de una profunda descomposición institucional que exige medidas urgentes y ejemplares. Porque un policía que roba una cartera hoy, mañana podría estar dispuesto a cometer faltas mucho más graves contra los ciudadanos que juró proteger.