La Lay 3 de 3 suspende los derechos a personas que aspiren a ocupar un cargo de representación teniendo antecedentes de violencia familiar, doméstica, política, sentencia como agresores o deudores alimenticios y es responsabilidad de aplicación por parte de las autoridades de la Administración Pública Estatal, Municipal y autoridades electorales tomar las medidas necesarias para garantizar a mujeres y niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia.