La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega, presentó ante el Pleno del Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala en materia de reconocimiento de la salud mental como un derecho humano y la obligación de garantizar su protección en la legislación estatal.

La legisladora destacó que la salud mental es un derecho humano fundamental que debe garantizarse con acceso a servicios dignos y de calidad, así como con mecanismos de prevención y atención especializada. Señaló que a nivel global, una de cada ocho personas enfrenta problemas de salud mental, lo que impacta su bienestar, sus relaciones interpersonales y su estabilidad económica.

En el caso de Tlaxcala, expuso que la entidad enfrenta un déficit de infraestructura y personal especializado, pues hasta 2022 sólo contaba con un Centro Integral de Salud Mental (CISAME), cuatro Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y dos especialistas en psiquiatría, lo que limita la cobertura de estos servicios.

Esta Iniciativa establece la necesidad de atención diferenciada para niños, adolescentes, jóvenes y grupos prioritarios, así como la asignación de recursos presupuestales adecuados para fortalecer la prevención y atención en este ámbito, además se propone ampliar la cobertura en situaciones de emergencia sanitaria y desastres naturales, para una respuesta más eficiente ante crisis, e incorporar a la Secretaría de Educación y a la de Cultura Física y Deporte en estrategias de prevención y promoción de la salud mental.

Asimismo, se busca la participación de los ayuntamientos y de instituciones de educación superior en la detección y prevención temprana de trastornos mentales, así como la labor de fomentar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la atención y el apoyo a personas con problemas de salud mental.

Tras su presentación, esta  iniciativa fue turnada a las Comisiones de Salud y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.