Las quejas que los ciudadanos presenten ante Transparencia para el Pueblo cuando el gobierno federal les niegue información, serán analizadas y resueltas por una de las siete direcciones generales del nuevo organismo y los argumentos de la resolución ya no serán expuestos en sesión pública.

A diferencia del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en donde las resoluciones las votaba el pleno, que era la máxima autoridad del organismo y originalmente estaba integrada por siete personas comisionadas, y algunos casos relevantes se exponían en sesión pública en la que se conocían los argumentos a favor o en contra, ahora la sustanciación y resolución será un trámite interno del nuevo órgano y la responsabilidad caerá en un subordinado.

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