El caso de Sandra Arana Aguilar, una médico cirujana tlaxcalteca de 39 años, se ha convertido en un símbolo de las múltiples fallas del sistema de justicia mexicano, detenida el 25 de agosto de 2020 mientras viajaba en su vehículo con su entonces pareja, lleva casi seis años privada de su libertad sin que exista una sentencia en su contra, lo que comenzó con una aprehensión arbitraria derivó en tortura sexual acreditada por instituciones oficiales en un proceso penal que aún no termina.

Sandra fue interceptada por hombres armados vestidos de civil que no se identificaron ni mostraron orden de aprehensión, más tarde supo que se trataba de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala. 

Durante la detención, los agentes la obligaron a subir al asiento trasero de su propio vehículo, la amenazaron de muerte, la golpearon, la despojaron de sus pertenencias y la cubrieron para que no viera el destino, luego fue llevada a un baño donde varios hombres ejercieron actos de tortura y tortura sexual contra ella.

Inicialmente enfrentó un proceso penal por extorsión en Tlaxcala, mismo que se le permitió llevar en libertad, sin embargo, en el momento de su liberación condicional fue detenida de nuevo, esta vez por una orden de aprehensión librada en su contra por secuestro agravado, emitida por un juez de Control de Zacatecas.

Desde el 2 de septiembre de 2020, Sandra está recluida en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, bajo la causa penal 731/2020, sin que hasta la fecha haya una sentencia, la Fiscalía de Zacatecas ha solicitado una condena de hasta 90 años de prisión, pese a que la defensa sostiene que no existen pruebas suficientes que vinculen a la médica con el delito.

La gravedad del caso radica en que la propia tortura denunciada por Sandra ha sido reconocida por instancias oficiales, toda que enn junio de 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas emitieron un dictamen con base en el Protocolo de Estambul, determinando que existen elementos para afirmar que Sandra sufrió tortura por parte de los policías de investigación de Tlaxcala. 

Posteriormente, en noviembre de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023, en la que se acreditaron graves violaciones a sus derechos humanos durante la detención, en mayo de 2025, el proceso por extorsión en Tlaxcala fue concluido al no encontrar pruebas en su contra.

A pesar de estos dictámenes, Sandra sigue encarcelada. Su defensa actual corre a cargo de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, mientras que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha documentado la tortura y tortura sexual sufrida, logrando integrar dichas violaciones a su causa penal a través de la recomendación del órgano público de Tlaxcala.

El juicio oral inició el pasado 28 de mayo y se encuentra próximo a resolverse, durante las audiencias, la defensa ha evidenciado la falta de pruebas sólidas en contra de Sandra, un ejemplo es la supuesta vinculación con un dispositivo móvil que, por un lado, no le pertenece y, por el otro, fue asegurado en el marco de la detención arbitraria y la tortura a la que ella y su ex pareja fueron sometidos.

Familiares, defensores y organizaciones civiles han hecho un llamado al Poder Judicial de Zacatecas para que evite la revictimización de Sandra, la juzgue con perspectiva de género y, al constatar la insuficiencia probatoria, le otorgue finalmente la libertad.

El caso de Sandra no es un hecho aislado, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, el 79.3 por ciento de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su arresto, traslado al Ministerio Público, estancia en el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en el centro penitenciario.

De ese total, el 32.19 por ciento refirió haber sufrido tortura sexual en al menos alguna de esas etapas, el mismo diagnóstico revela que la autoridad más señalada en la comisión de tortura y tortura sexual durante el arresto y traslado fue la Policía de Investigación, en el 39.68 por ciento de los casos, datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) coinciden: a nivel estatal, los presuntos responsables registrados pertenecen principalmente a la Policía Ministerial.