A casi una década de la entrada en vigor plena del sistema penal acusatorio, las fiscalías del país continúan estancadas en prácticas del modelo anterior, con 2.6 millones de casos pendientes, bajo nivel de confianza ciudadana y uso excesivo del archivo temporal, advirtió la organización México Evalúa en su estudio "Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia".

De acuerdo con el diagnóstico, al cierre de 2024 había más de 2.6 millones de casos sin concluir en las fiscalías estatales, cifra que no incluye las determinaciones enviadas a archivo temporal, por lo que el rezago real podría ser mayor. El reporte señala que, aunque la reforma penal obligó a transitar de expedientes escritos a investigaciones orientadas a audiencias orales, buena parte de las fiscalías mantiene lógicas burocráticas centradas en “integrar” carpetas y no en construir casos sólidos para llevarlos ante un juez.

A nivel nacional, 34.42% de los casos iniciados son enviados a archivo temporal, figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales que, según México Evalúa, no representa una solución para las víctimas. En entidades como Jalisco y Oaxaca el porcentaje supera el 70%. De las 19 fiscalías que respondieron solicitudes de información, el robo concentró 45.79% de los casos enviados a archivo temporal, seguido de violencia familiar con 12.14%.

El estudio también exhibe subutilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. De 2 millones 91 mil 647 delitos registrados en carpetas del fuero común durante 2024, 821 mil 923 podrían resolverse por justicia alternativa, equivalente a 39.3%.

Sin embargo, sólo 3.22% alcanzó un acuerdo reparatorio cumplido en sede ministerial.

En materia de órdenes de aprehensión, México Evalúa colocó a Tlaxcala como la entidad con mayor efectividad en 2024, con 93.8% de órdenes ejecutadas. No obstante, precisó que la carga fue baja, con 258 mandamientos judiciales. En contraste, Guerrero sólo ejecutó 2.1%.

En transparencia, el panorama es distinto. La organización envió 165 solicitudes de información a fiscalías estatales y a la FGR en marzo de 2025. Tlaxcala fue ubicada, junto con Ciudad de México, Colima, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz y la propia FGR, entre las instituciones que deben mejorar sus prácticas, debido a que la mayoría de sus respuestas fueron nulas o incompletas. Como buenas prácticas destacó a Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas.

Con base en la ENVIPE 2025, 62.9% de las personas que identifican al Ministerio Público y a las fiscalías estatales considera que existe corrupción en estas instancias. Las fiscalías tienen apenas 33% de confianza agregada entre la población que las identifica.

El reporte también reveló que 29 fiscalías analizadas prácticamente no usan cámaras corporales en sus policías de investigación y en 20 entidades tampoco cuentan con sistemas de localización de patrullas. Querétaro fue la excepción al reportar ambas tecnologías.

México Evalúa concluyó que las fiscalías son el punto neurálgico del Sistema de Justicia Penal y que sin su modernización el resto del sistema queda estancado y recomendó fortalecer la carrera ministerial, profesionalizar al personal, modernizar sistemas informáticos, mejorar la coordinación con policías de investigación y transparentar indicadores con metas medibles.