Tras el mensaje amenazante hallado el jueves en un sanitario del Instituto Tecnológico de Apizaco, que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y alarma social, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, informó que ya se diseña un protocolo para atender amenazas digitales en entornos reales, toda vez que la medida incorpora un cambio de fondo, ya que se estudia la posibilidad de que las y los adolescentes menores de 18 años sean considerados personas judicializables cuando sus acciones constituyan un delito, siempre que sea posible llevar adelante un proceso legal.

El funcionario subrayó que la postura del gobierno estatal es preventiva, pero firme: "padres, madres de familia y a los propios adolescentes: no es una broma y puede constituir un delito", declaró, al tiempo que enmarcó la estrategia en el principio del interés superior de la niñez y la protección integral de la comunidad escolar.

Meneses Hernández explicó que la autoridad educativa actualizará los protocolos existentes, en el caso de la educación media superior se cuenta con uno publicado por el gobierno federal en agosto de 2023, para enfrentar un nuevo paradigma de riesgos.

En ese contexto, detalló que el paradigma también obliga a modificar la forma de actuar dentro de los planteles, toda vez que recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los operativos mochila por considerarlos violatorios de la propiedad privada y la integridad de los menores, por lo que en su lugar se aplicará una estrategia de revisión justificada, caso por caso y con consentimiento informado de madres y padres, sobre todo en secundaria y educación media superior.

Sobre la vía judicial, el titular de la SEPE confirmó que se ha solicitado al Poder Legislativo las modificaciones necesarias para que la posibilidad de judicializar a menores responsables de amenazas quede firme y permanente en el marco legal, así como para brindar protección jurídica a las y los trabajadores de la educación que intervengan en esos procedimientos.