El estallido del escándalo de presunta corrupción conocido como el “Taddeigate” que precipitó la caída de la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei ha dejado al descubierto una cloaca de simulación, monopolio y triangulación de recursos públicos que salpica directamente a Tlaxcala y a sus autoridades electorales.

La investigación encabezada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) expone cómo un reducido clan de empresas acaparó la confección de papelería y materiales, utilizando al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) como uno de los engranajes clave de este desfalco.

En el centro de las indagatorias se posiciona la sociedad conformada por Cajas Graf, S.A. de C.V. y Corporativo Zeg, S.A. de C.V., firmas propiedad de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Su modus operandi desafía toda lógica institucional:

Corporativo Zeg obtuvo contratos por más de 184 millones de pesos contando con apenas cinco empleados en nómina, triangulando 167 millones de pesos hacia empresas de fachada.

Cajas Graf amarró adjudicaciones millonarias en el país.

El cinismo político de esta red quedó al descubierto cuando Jonathan Navarrete Torres —chofer personal de Guadalupe Taddei con un sueldo público de 45 mil pesos— emergió formalmente como apoderado legal de Corporativo Zeg, compartiendo representación previa con Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE.

Contratos bajo la lupa y simulación institucional.

Este patrón de influencia operó de manera quirúrgica en Tlaxcala, convirtiendo al estado en un eslabón crítico del escándalo. Durante el Proceso Electoral Local 2023-2024, el Comité de Adquisiciones del ITE entregó a Cajas Graf el contrato ITE-LP-02-2024 por 12.4 millones de pesos para la dotación de paquetes, mamparas y cintas de seguridad.

Dicha adjudicación sigue bajo la estricta lupa del Órgano Interno de Control para determinar si respondió a criterios económicos genuinos o a presiones e instrucciones procedentes de la alta gerencia del INE. Este vínculo no era nuevo:

En el ciclo electoral 2020-2021, la misma firma ya se había agenciado el contrato ITE-04-2020 por 17.6 millones de pesos.

El acaparamiento sistemático del mercado que golpea a Tlaxcala y al país incluye a otros actores clave investigados por simulación de competencia:

-Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V. (junto a su razón social histórica Formas Finas Fernando Fernández), representada por José José Fernández Santos, acumula contrataciones por 540 millones de pesos en 11 entidades federativas.

En Tlaxcala ha controlado históricamente la impresión de más de 42 millones de boletas e incluso los servicios para la molienda y destrucción final de papel oficial.

-Seriplast de México, S.A. de C.V. amarró adjudicaciones por cerca de 19.8 millones de pesos en la entidad para la provisión de cancelería y urnas plásticas traslúcidas.

-Comercializadora Grupo Selati, S.A. de C.V. aparece señalada por actuar como postor comparsa en licitaciones amañadas a nivel nacional.

Colapso institucional y la caída de la cúpula del INE.

A través de barreras técnicas impuestas desde los manuales de producción del INE y procedimientos declarados intencionalmente desiertos para justificar adjudicaciones directas posteriores, este “cártel papelero” anuló la libre concurrencia.

Los expedientes acumulados en Tlaxcala y en el INE demuestran que el deterioro democrático se gestó mediante la entrega sistemática del presupuesto a una red insaciable.

Ante la gravedad de los hechos, diversos actores políticos de México exigieron la renuncia inmediata de Guadalupe Taddei si no aclaraba los señalamientos de corrupción.

Tras desatarse el escándalo por contratos, choferes fantasma y fiestas, Guadalupe Taddei anunció este lunes, su renuncia a la presidencia del INE. En tanto, el senador Ricardo Monreal detalló que el proceso institucional para nombrar a su sustituto tardará entre cuatro y cinco semanas.