De acuerdo con las declaraciones del titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT), hasta antes de esta administración las infracciones por prestar servicio en rutas no autorizadas oscilaban entre los 2 mil 500 y 3 mil pesos, una cantidad que resultaba insuficiente para inhibir la práctica desleal entre concesionarios: "Hoy una infracción por invasión de rutas cuesta 28 mil pesos, eso ya les pega", señaló Munive, quien aseguró que gracias a este endurecimiento y a la implementación de nuevos candados administrativos, se ha logrado erradicar casi por completo esta problemática en la entidad.

El secretario explicó que una de las principales causas del desorden vial en el pasado era el uso discrecional e incorrecto del concepto "sujeto a rol", luego que anteriores administraciones permitían que esta leyenda apareciera en las tarjetas de circulación de las unidades, lo que daba pie a que los transportistas interpretaran que podían circular libremente por distintos derroteros.

"Ellos hicieron un uso muy amplio de esa palabra y metían sus vehículos por donde querían", precisó el funcionario.

Para corregir esta situación, el nuevo reglamento establece la figura del administrador de rutas, toda vez que ahora, las empresas o colectivos de transportistas tienen la obligación de informar detalladamente a la Secretaría cómo se distribuirá su parque vehicular. 

Si una ruta específica tiene autorizadas únicamente cinco unidades, el concesionario deberá limitarse a operar ese número exacto, debiendo notificar a la autoridad cualquier intercambio semanal de vehículos para garantizar la trazabilidad del servicio.

"Esto representa un buen control para nosotros y para los propios transportistas, porque también tienen problemas entre ellos cuando hay rutas más generosas que otras", añadió el funcionario.

En otro tema, el secretario mencionó que existen alrededor de 300 unidades que ya cumplieron su vida útil y requieren renovación, así como la necesidad de reforzar la cultura vial para usuarios de scooters eléctricos, cuyos lineamientos de uso obligatorio de casco y respeto al peatón ya se encuentran contemplados en el reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.