Organizaciones civiles y colectivos feministas han puesto en tela de juicio los números oficiales en materia de seguridad y señalan que persisten las omisiones en la investigación de muertes violentas de mujeres en la entidad.

Esto contrasta con lo presentado durante el conversatorio avances y transformaciones en favor de las mujeres en Tlaxcala, y dónde la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), Ernestina Carro Roldán, destacó una serie de logros en materia de capacitación y resultados judiciales. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la fiscalía, durante la actual administración se han abierto carpetas en materia con 25 carpetas judicializadas, 24 vinculadas y 28 sentencias, además que se han revisado 284 carpetas de investigaciones del año 2105 al 2025 y de las cuales 22 fueron reclasificadas como feminicidio.

Además, se informó que se lograron 29 órdenes de aprehensión por feminicidio y cuatro por tentativa, y se obtuvieron 31 sentencias condenatorias por este delito.

En materia de capacitación, Carro Roldán presumió que la plantilla de personal especializado creció un 126.5 por ciento, al pasar de 34 a 75 servidores públicos. 

No obstante, no detalló cuántos de ellos son realmente peritos o policías de investigación con formación especializada en perspectiva de género y adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio, limitándose a una declaración general.

Frente a estos datos, el colectivo Mujer y Utopía ha documentado una realidad distinta, pues según sus registros, en los últimos 5 años se habían identificado a 172 muertes violentas de mujeres, de las cuales solo se han iniciado 46 carpetas de investigación por dicho delito, hasta el año 2025, una cifra que no necesariamente se refleja en las estadísticas oficiales de feminicidios 

La organización denuncia que, a pesar del presunto aumento de personal, no existen investigaciones especializadas en la materia, lo que impide que muchos casos sean abordados con la debida perspectiva de género.

A esta crítica se suma un análisis de la organización México Evalúa, que revela una tasa de 16.9 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes en el municipio de San Lorenzo, una de las regiones con mayor incidencia en el estado y cuya información puede consultarse aquí: https://goo.su/sU4z

El dato contrasta con la narrativa de avances institucionales y evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación en el ámbito local.

Activistas han documentado además múltiples casos de omisión en los que muertes violentas de mujeres fueron registradas inicialmente como homicidios dolosos, sin que se activaran los protocolos de investigación con perspectiva de género, esta práctica, denunciada en repetidas ocasiones, impide que los casos sean reclasificados como feminicidios y, en consecuencia, que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes.