El gobierno del estado fijó su postura respecto al incidente vivido por el periodista Alberto Amaro Jordán al interior del Centro de Justicia Federal, luego de que organizaciones defensoras de la libertad de expresión condenaran los hechos ocurridos el pasado 11 de febrero.

Y es que el reportero en su carácter de víctima en una causa penal, acudió en la fecha antes referida a una audiencia programada a las 15:15 horas, aunque realizó su registro a las 14:50 horas y le fue asignado un sticker con su nombre y número de causa, elementos de seguridad lo condujeron a un salón en el primer piso, donde permaneció bajo resguardo sin recibir información sobre el estatus de su proceso.

Durante casi dos horas y media, Amaro Jordán fue mantenido en aislamiento, y cada vez que solicitó explicaciones sobre por qué lo retenían o si su audiencia había iniciado, el personal de seguridad se limitó a responder que debía esperar por instrucciones de sus superiores. 

Aunque se le permitió salir brevemente para ir al baño y por un medicamento, en ningún momento fue notificado de que su audiencia había comenzado con retraso, fue hasta que logró ver a su asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que se enteró de que la diligencia no pudo realizarse debido a su "ausencia", pese a que permanecía en las instalaciones bajo disposición de las autoridades.

Ante esto el titular del área, Antonio Martínez Velazquez, expresó su solidaridad con el comunicador y subrayó la disposición de la administración estatal para garantizar el ejercicio periodístico en un entorno de respeto y libertad.

Martínez Velazquez puntualizó que, si bien los hechos denunciados corresponden a una instancia federal, el gobierno estatal se pronuncia a favor de que prevalezcan las condiciones adecuadas para el trabajo de las y los periodistas. 

En relación con el caso específico de Amaro Jordán, el funcionario recordó que el comunicador se encuentra bajo un esquema de protección federal derivado de amenazas previas, lo que hace indispensable que las instituciones actúen con total apego a los derechos humanos y al debido proceso en cada una de las diligencias judiciales en las que participe como víctima.