Ante la inminente aprobación de la reforma electoral impulsada por Morena, conocida como el Plan B, y el recorte presupuestal que implicaría para el Congreso de Tlaxcala, la diputada panista Miriam Martínez salió a cuestionar la iniciativa y a defender el financiamiento del Poder Legislativo local, mostrando una preocupación por el tema presupuestal que no había manifestado públicamente durante su gestión como legisladora.

Durante el tiempo que Martínez ha ocupado una curul en el Congreso local, no se conoce que haya cuestionado el ejercicio del presupuesto legislativo, exigido transparencia en el uso de los recursos de la institución o señalado irregularidades en su operación financiera, lo que evidenciaría su preocupación a modo para atraer reflectores o hipocresía política.

La legisladora advirtió que la reducción contemplada llevaría el gasto del Congreso de entre 180 y 200 millones de pesos a aproximadamente 110 millones, lo que a su juicio comprometería la autonomía e independencia del Poder Legislativo frente al Ejecutivo. "Quiero saber cómo va a funcionar, estamos condenando la independencia, la autonomía y la operatividad del Poder Legislativo", declaró.

Sobre la reforma en general, sentenció: "No es una reforma electoral, no es una reforma política, es prácticamente un ajuste de cuentas para obtener recursos que ya no se tienen en ninguna parte."

La congresista también acusó a legisladores federales de Morena de traicionar los principios de "no robar, no mentir y no traicionar", sin hacer referencia al desempeño presupuestal del Congreso local durante los periodos en que ella ha formado parte de él.