Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar insiste en que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema que ya no existe en Tlaxcala, las propias cifras de su gobierno la contradicen: 53 víctimas atendidas y 19 carpetas de investigación abiertas entre 2021 y 2025. Esa contradicción es el centro del posicionamiento que el Centro Fray Julián Garcés y organizaciones aliadas emitieron este 8 de marzo para exigirle al gobierno estatal que deje de negar, simular y omitir

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, junto con organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas y personas del ámbito académico, emitieron un posicionamiento público en el que exigen al gobierno estatal dejar de negar la existencia de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala.

El documento señala una contradicción entre el discurso oficial y los datos de las propias instituciones, ya que de enero de 2021 a junio de 2025, la Fiscalía General de Justicia del estado atendió a 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual, y entre 2022 y junio de 2025 se abrieron 19 carpetas de investigación por este delito. Pese a ello, la gobernadora Lorena Cuéllar ha sostenido reiteradamente que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema que ya no existe en Tlaxcala, y desde 2023 el gobierno estatal dejó de reportar casos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las organizaciones también advierten que los lugares de explotación siguen operando, entre ellos el corredor de la Vía Corta y la ciudad de Apizaco, y que hasta la fecha el gobierno del estado no cuenta con un refugio para mujeres y niñas víctimas de trata ni con un programa educativo de prevención.

Las organizaciones exigen tres acciones concretas al gobierno estatal: que cese la negación del problema y la simulación de acciones para enfrentarlo; que el Consejo Estatal contra la Trata aplique de forma efectiva el Programa Estatal contra la Trata de Personas 2022-2027; y que el Comité Educativo recientemente creado al interior de la Secretaría de Educación elabore un programa de prevención de largo plazo, orientado tanto a la formación docente como a la implementación de proyectos educativos en todas las escuelas de educación básica.

El posicionamiento concluye con un llamado a organizaciones, colectivos y medios de comunicación a visibilizar la violencia contra las mujeres y a exigir al gobierno, en todos sus niveles, que deje de ser omiso. Su omisión, señalan, es complicidad.