El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, Alberto Perea Marrufo, defendió el operativo de desalojo realizado contra campesinos que mantenían bloqueadas las vías de comunicación en la entidad, explicó que los gobiernos federal y estatal habían sostenido mesas de diálogo con los manifestantes e incluso se alcanzaron algunos acuerdos previos, sin embargo, señaló que las demandas del movimiento se extendieron a peticiones que escapan a la competencia de las autoridades locales, como la reducción del precio del diésel, la eliminación del T-MEC o la regulación de semillas y maíz transgénico. "Hay temas que ya se salen de la esfera estatal", precisó Perea Marrufo.

El titular de la policía estatal subrayó que el derecho a la manifestación encuentra su límite cuando se vulneran los derechos de la población en general, en ese sentido, calificó como "millonarias" las pérdidas económicas derivadas de la interrupción del traslado de mercancías que transitan por Tlaxcala para conectar distintos puntos del país.

Perea Marrufo detalló que la situación en el punto de bloqueo dejó de ser una protesta pacífica, toda vez que de acuerdo con su testimonio, los campesinos portaban machetes, cohetones y petardos, además de proferir consignas que incluían amenazas de quemar objetos o incluso afectar a elementos de la secretaría: "Ya no era una marcha pacífica, el estado de derecho ya no estaba siendo llevado a cabo", afirmó.

Ante ese escenario, justificó la intervención policial como una obligación del estado para salvaguardar la seguridad de las personas y la gobernabilidad, el operativo, según describió, se realizó de manera respetuosa y con un uso gradual de la fuerza, a pesar de que los agentes recibieron inicialmente el lanzamiento de cohetones: "Se emplearon medios no letales, como el agua, por ejemplo", explicó el secretario.

El funcionario negó que se hubiera registrado un exceso en el actuar de los cuerpos de seguridad, rechazó las versiones de los campesinos sobre personas lesionadas y aseguró que no hubo heridos durante el desalojo. "Ellos manifiestan que sí, pero en realidad pues no hubo tal cosa", declaró.

Perea Marrufo recordó que el bloqueo o ataque a las vías generales de comunicación constituye un delito de carácter federal y reiteró que, si bien en ocasiones anteriores se privilegió el diálogo sin consecuencias, en este caso la persistencia de las acciones fuera de la ley obligó a la autoridad a restablecer la circulación.