Los bajorelieves tallados en piedra que aparecieron en el municipio de Tetlatlahuca, fechados tentativamente entre 800 y 1000 antes de nuestra era, sugieren la existencia de una zona habitacional de mayor complejidad de lo que se creía, sin embargo, el anuncio del descubrimiento vino acompañado de una cruda radiografía de las carencias estructurales que enfrenta la arqueología en el estado: falta de presupuesto, propiedad privada sobre los vestigios y un catálogo de sitios que crece más rápido que la capacidad del Estado para protegerlos.

El responsable del rescate en la zona, el arqueólogo Ramón Santacruz Cano, detalló que el hallazgo ocurrió de manera casi fortuita, pues la intervención inicial, calificada como “emergente”, se originó por denuncias sobre monumentos arqueológicos dañados que estaban expuestos en la superficie. 

Fue al atender esos deterioros que los especialistas se toparon con los relieves y pudieron comenzar a definir un espacio arquitectónico que ahora exige una investigación sistemática, pero lo que sigue es un camino de incertidumbre financiera; Santacruz Cano explicó que, por experiencia, los proyectos arqueológicos suelen iniciar con recursos mínimos. 

Para Tetlatlahuca ha proyectado un trabajo mínimo de cinco años, con una primera fase de diagnóstico que requeriría entre 300 y 500 mil pesos, toda vez que esa inversión contemplaría personal especializado, arqueólogos, restauradores y apoyo técnico para realizar excavaciones en áreas no afectadas, con el objetivo de obtener materiales confiables para fechamientos y estudios que permitan generar un plano arquitectónico del asentamiento.

El arqueólogo puntualizó que la primera aproximación es apenas el primer eslabón: “Quizá el primer año se pueda estar haciendo una inversión de alrededor de medio millón de pesos”, señaló, para luego añadir que la parte alta del cerro de las Tres Cruces, carece de vigilancia y requeriría de otra ronda de recursos. 

La intención, dijo, es que la participación sea tripartita: municipio, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otras instancias estatales, pero el propio Santacruz reconoció que esto “depende mucho de la primera aproximación”.

Al ser cuestionado sobre las dificultades para proteger los sitios prehispánicos en la región sur, especialmente aquellos en la periferia de zonas como Cacaxtla, el arqueólogo enumeró los tres grandes obstáculos que enfrenta la institución.

El primero y más recurrente: la propiedad privada. “Muchos de los asentamientos prehispánicos están en terrenos de propiedad particular, y eso al instituto le genera ciertos conflictos porque la mayoría de las veces hay deficiencia de las personas para poder hacer algunos trabajos ahí”, explicó. 

El segundo factor es el interés de las comunidades, en Tetlatlahuca, dijo, hay disposición, pero en otras localidades del sur el involucramiento ha sido más difícil de construir. 

El tercero, quizá el más estructural, es la falta de recursos. “Tanto los municipios como los dirigentes” carecen de fondos para atender un patrimonio que, según el catálogo del INAH, suma 1,170 asentamientos prehispánicos registrados en Tlaxcala.