Cada denuncia ciudadana activa un procedimiento administrativo que puede terminar en multa, suspensión o cancelación de la patente notarial, afirmó el director de Notarías y Registro Público, Jeremy Rocha y reconoció que actualmente se tramitan 12 quejas activas contra distintas notarías de la entidad, la mayoría de carácter menor, pero atendidas con un procedimiento formal que contempla desde una amonestación hasta la pérdida del ejercicio notarial.

El funcionario explicó que la ley establece cuatro tipos de sanciones según la gravedad de la falta: amonestación, suspensión, multa o cancelación de la patente. 

“Las quejas que se ingresan a la dirección tienen un trasfondo importante; en verdad es un proceso administrativo contundente y se ejercen acciones contra los notarios siempre que hayan incurrido en alguna conducta que la ley marca como falta grave o no grave”, señaló.

Aclaró que la mayoría de los expedientes en curso se relacionan con demoras en la entrega de escrituras, cobros considerados excesivos o casos donde un gestor dejó de responder al ciudadano, aunque la denuncia se radica directamente contra el notario. 

“No quiero minimizarlo, pero son situaciones como que ya se tardó la escritura o el gestor ya no aparece; sin embargo, la queja se admite y nosotros podemos practicar una inspección especial, ir directamente a la notaría y revisar ese tema específico”, agregó.

Rocha hizo un llamado a la ciudadanía para que presente su queja ante cualquier irregularidad, incluso de forma verbal en las oficinas de la dirección: “Ahí mismo la escribimos y comenzamos el procedimiento. Hemos practicado varias inspecciones especiales; no hay que minimizar la queja, es importante radicarla”, enfatizó.

Respecto a los gestores que tramitan documentos ante el Registro, el director informó que ya cuentan con un padrón interno levantado a petición suya, donde los propios notarios reconocieron a sus colaboradores, adelantó que se trabaja en la creación de un padrón oficial estatal, con identificación otorgada por la notaría y avalada por la dirección, para que tanto el fedatario como la autoridad respondan ante eventuales quejas contra ese gestor autorizado.