Ezequiel Moreno, explicó que desde 2021 se acabaron los bienes semovientes y toda incorporación o movimiento de ejemplares se realiza con supervisión

Ezequiel Moreno, responsable del del Zoológico del Altiplano, detalló que en lugar de compras, las incorporaciones se realizan mediante estrategias de intercambio, siempre seleccionadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a partir de su inventario, además, ante un problema de sobrepoblación, el trabajo del zoológico se enfocó en resolver la parte del inventario y mejorar el bienestar animal, entendiendo que los ejemplares actuales son depositados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), esto implica que el seguimiento y trazabilidad dependen exclusivamente de la autoridad federal; cualquier cambio como trasladar un jaguar a otro zoológico por sobrepoblación, se ejecuta solo por instrucción de esa entidad.
A partir de la llegada de la actual administración, el Zoológico del Altiplano trabaja con un seguimiento puntual de la Federación que le permitió liberar la clausura de sus instalaciones, toda vez que la desaparición de animales no es un hecho aislado de Tlaxcala, sino parte de mitos y narrativas que existen a nivel nacional e incluso mundial entre los grupos que se oponen a los zoológicos.
“Actualmente no tenemos animales del estado, los animales que tenemos en el Zoológico del Altiplano antes se veían como bienes semovientes, como propiedad de alguien, de antemano nosotros no tenemos el capítulo 5000 habilitado, por lo cual no podemos adquirir fauna silvestre”, explicó Moreno.
Sobre el tráfico de especies, calificó al mismo como un tema grave que intentan combatir, aunque aclaró que el Zoológico del Altiplano y el Instituto de Fauna Silvestre fungen como un ente técnico, un músculo operativo, toda vez que las competencias de procuración de justicia corresponden a la Fiscalía y a la Profepa.
La función del instituto es denunciar y actuar de manera técnica con un equipo multidisciplinario, médicos veterinarios, gestores de fauna, técnicos especializados y biólogos, para garantizar el trato digno y respetuoso que ordena la Ley General de Vida Silvestre.
Moreno subrayó que los ejemplares asegurados por la Fiscalía constituyen un indicio dentro de una carpeta de investigación, por lo que su manejo debe ser quirúrgico: “Si nos es indicado el cambio de dieta de un ave por la Fiscalía, eso implicaría que nosotros estamos alterando un indicio, por ello se hace un seguimiento puntual de cada parte del proceso”, remarcó.