*Isidro Sánchez Piedra
 

A reivindicar los derechos de los más pobres

En México existen más de  119´713, 203 millones de habitantes según información del CONAPO, y de estos el 95% son pobres, pero el 85% son los que viven en extrema pobreza, NO cuentan con un empleo formal donde perciban todas y cada una de las prestaciones económicas y sociales que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen como un legítimo derecho, NO cuentan con servicios de Salud, NO tienen acceso a una Vivienda Digna y Decorosa, pues sus viviendas en su gran mayoría son rudimentarias e incluso hay familias que en pleno siglo XXI viven en las cuevas de los cerros y sin contar con algún servicio básico, pero lo más grave, la inseguridad pública que pone el alto riesgo la integridad física y psicológica de las personas, y las familias en su mayoría están expuestas a ser más vulnerables ya que muchas hasta son desplazadas de sus comunidades por caciques de la región y ante el olvido de sus autoridades.

Se dice sin comprobarlo que con las supuestas reformas nuestro país mejorara en todo los ámbitos, totalmente falso, pues antes de las reformas nos garantizaron que tendríamos más y mejores empleos, que bajarían los precios de la canasta básica, la gasolina y el gas, hoy nos argumentan que la gasolina llegara  a costar hasta $20 pesos el medio litro, pues los empresarios y empleados de las gasolineras despachan medios en lugar de litros, pulverizándose aún más nuestros raquíticos pesitos, hoy una familia de seis integrantes necesita para lo más básico ganar un sueldo de $20,000. (Veinte Mil Pesos) mensuales, si no es así, dichas familias viven en estado de indefensión y eternamente endeudadas con la banca comercial, con las financieras e incluso con agiotistas, y a consecuencia de estas deudas vienen perdiendo lo poco de su patrimonio familiar; millones de familias viven apenas con Dos dólares diarios en el completo hacinamiento, con alto grado de desnutrición y con un periodo de vida muy corto, en Tlaxcala, existe 1 260 628 (Un Millón Doscientas Sesenta Mil, Seiscientas Veintiocho personas) y de estas 5000 son servidores públicos tanto federales, estatales y municipales, la gran mayoría de empleados ganan apenas si el salario mínimo, pero los que tienen el privilegio de ser directores, regidores, presidentes de comunidad, secretario del ayuntamiento, diputados, presidentes municipales y el mismo gobernador perciben más haya de $30 Mil pesos mensuales, y el resto de los habitantes con trabajos informales y mal pagados trabajando de 12 y hasta 14 horas diarias, dejando al descubierto la inequidad en la distribución de los recursos públicos, y la imperante explotación del sector privado.

Por esta razón muy respetuosamente convocamos a hombres y mujeres de pensamiento libre, y a organizaciones de la sociedad civil de todo el país a realizar protestas públicas pacificas a partir del día primero de julio y hasta el 31 de diciembre del año en curso, manifestando nuestra más enérgica inconformidad en diversos foros nacionales e internacionales, elevando denuncias con pruebas fehacientes ante organismos intergubernamentales, frenando la voracidad de nuestro gobierno que cada día va por más poder político y económico olvidando sus más elementales obligaciones y pisoteando nuestros derechos constitucionales, además de robarse todo el producto interno bruto, los recursos naturales del país, y fomentando el monopolio en las concesiones públicas y en los programas sociales de las instituciones donde la distribución de los recursos públicos es a modo, siendo el 99.9% para los seudo priistas , para los caciques de la región y para las dizque grades organizaciones de campesinos que en realidad ya son puro cascaron, y a los demás si bien nos va nos toca un poco del 1% de recursos que dejan para la gran mayoría de mexicanos(as). En todo el país centenares de ciudadanos con tal de beneficiarse a través de los programas sociales organizaron pequeños grupos de comunidades muy vulnerables y de extrema pobreza diseñando proyectos productivos con el auxilio de técnicos habilitados por la SEDATU-SAGARPA Y FIANANCIERA RURAL, cada profesionista debería cobrar sus servicios siendo el 10% del costo total del recurso solicitado, pero en México estos profesionistas realizan primero su trabajo sin ninguna percepción económica y social, y sin ninguna garantía de cobrar ese 10% autorizado por la misma institución, puesto que por estrategia gubernamental sucede que de cada Mil proyectos presentados solo 1 es aprobado y los demás al cesto de la basura y los consultores junto con los grupos comunitarios quedan en estado de indefensión porque no son incluidos en la distribución de los recursos públicos, a través de los supuestos programas sociales que más que ayudar a los sectores vulnerables solo generan falsas expectativas y los utilizan con su participación en las convocatorias para que otros sigan viviendo como sultanes a costa de más pobreza. 

*Defensor de Derechos Humanos