*Isidro Sánchez Piedra

El difícil transitar en la obtención de recursos públicos

En México las autoridades hacendarías federales, estatales y municipales cuentan con métodos muy prácticos y ventajosos para cobrar los impuestos que según ellos debemos obligatoriamente de pagar los contribuyentes de este país, hoy se le llaman impuestos ayer eran contribuciones, porque estas eran voluntarias según el estatus económico de cada una de las familias, y según nuestras leyes estos billones de pesos deben regresarse para obra pública y servicios, para brindar apoyos, estímulos y subvenciones a la población, dando prioridad a los sectores vulnerables y de extrema pobreza, mismos que se deben entregar a través de diversos programas sociales que se rigen por reglas de operación que más que facilitar impiden el acceso a los recursos públicos.

Ante estas circunstancias es aplicable el articulo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice.- Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta. Sin embargo los secretarios de la federación constantemente violan nuestra constitución en agravio de más de 120 millones de mexicanos(as) con el discurso tan trillado de que los recursos no alcanzan; durante 2013y seis meses del 2014 pudimos observar y vivir de cerca como grupos comunitarios de seis personas en extrema pobreza tienen que sortear los mil requisitos que les imponen las reglas de operación de los programas de la SEDATU, SAGARPA, SEDESOL y Secretaría de Economía, donde siempre está presente el esfuerzo físico, moral y económico de los ciudadanos(as) que necesitan acceder a los recursos públicos, incluso por cada proyecto los Técnicos Habilitados cobran el 10% de la cantidad solicitada según las mismas reglas de operación de estas secretarias, el problema es que si la dependencia aprueba los proyectos, los técnicos habilitados ganan su famoso 10% pero si no es así ya trabajaron y no ganan nada, porque de cada diez proyectos que se presentan solamente uno es evaluado positivamente pero esto no garantiza la entrega del recurso. También se dice por agentes del gobierno que algunas  organizaciones sociales sin decir cuales, lucran con los programas sociales, con todo respeto nos dirigimos al estado para afirmarle que los que lucran son los que se quedan con los dineros públicos que cada año deberían de aplicar al combate a la pobreza y no lo hacen, estos si lucran con los recursos públicos, porque los que trabajamos con fundamento en los artículos 1 y 5 constitucional, cobramos por nuestros trabajos y servicios, los profesionistas cobran sus trabajos y nosotros con los trabajos que hemos tenido de carácter eventual también cobramos, y esto no es lucro, además como organización Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., de acuerdo a sus estatutos se puede solicitar a las personas y grupos beneficiarios con nuestras gestiones y asesorías cuotas de recuperación de los gastos que este tipo de actividades generan, como lo son los gastos de medios de movilización y de comunicación, y que nunca cubren ni el 20% de los gastos mensuales, gastos que debería de cubrir el estado bajo el cobijo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil,  y en el estado de Tlaxcala bajo la aplicación de la Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del estado de Tlaxcala, pero estas leyes federal y estatal nacieron muertas y por lo tanto no hay nada que hacer, muy respetuosamente nos dirigimos a los representantes del estado mexicano para exhortarlos a que ellos por su lado y nosotros por el nuestro fortalezcamos las denuncias que por conducto nuestro se han llevado de varias entidades federativas en contra del estado mexicano por persistir un cuadro sistemático de violaciones a los derechos humanos en agravio de muchos mexicanos y de integrantes de organizaciones sociales, y una vez que termine este proceso de acuerdo al artículo 133 de nuestra constitución y en consideración a la Declaración para la Defensa de los Defensores de Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1998 en el seno de Naciones Unidas, recibir y acatar las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo Mundial de Derechos Humanos les enviara por la sencilla razón de que a ese nivel se procederá al deslinde de responsabilidades, a la aplicación del derecho internacional y a determinar una indemnización para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, porque el estado mexicano nunca podrá ser juez y parte. Por último conminamos al Honorable Congreso de la Unión para que debata y evalué las llamadas reglas de operación de todas las dependencias federales y estatales del país, y así evitar el manoseo indiscriminado del presidente de la república, secretarios de la federación y gobernadores de los estados, en Tlaxcala aproximadamente a 50 técnicos habilitados se les debe a cuenta de su trabajo la elaboración de miles de proyectos que se han quedado sin recibir para su ejecución los recursos públicos correspondientes. También se solicita el apoyo incondicional de los poquitos medios de comunicación independientes que informan con veracidad y certeza, para que sigan muy de cerca estos acontecimientos, y a los medios de comunicación al servicio del estado les pedimos mantengan la distancia abismal entre nuestros trabajos, amigos y familiares, porque desde hace años los hemos vetado.     

*Defensor de Derechos Humanos