*Isidro Sánchez Piedra

El rezago de laudos laborales del gobierno estatal y municipal

Desde hace muchos años este fenómeno permea a los contribuyentes de la sociedad mexicana y tlaxcalteca por la irresponsabilidad de los gobiernos en turno, lo complejo de este problema es que cada gobierno que llega instala a sus cuates, amigos, compadres y familiares en los distintos cargos públicos, pero para darles chamba a estos grupúsculos de cuates forzosamente tiene que despedir injustificadamente a otros personajes afines a otros grupos distintos a los que actualmente gobiernan, pero es obvio que siguen necesitando de un empleo y que al verse afectados sus intereses por los despidos injustificados acuden a los tribunales exigiendo fuertes cantidades de recursos públicos por concepto de indemnización, salarios caídos, aguinaldos, y demás prestaciones de ley.

Hace varios meses el presidente municipal de Apizaco en funciones por conducto de su director jurídico obligo a centenares de trabajadores incorporados a este H. Ayuntamiento a firmar su renuncia “voluntaria” sin despedirlos en ese entonces, pero si cuando se le dio la gana los removió de sus cargos sin darles ni un solo peso, pero da la casualidad que despide a unos y a otros los contrata, bajo un juego maquiavélico, perverso y corrupto, ya que despide personal dizque para adelgazar la nómina pero los cargos continúan y como ya no hay personal pues al que se queda le dan doble función y por ende cobra doble, aunque no devengué ni un puesto ni otro, como un ejemplo está el caso de la Lic. María Alicia Velásquez Leyva, Coordinadora de Recursos Humanos y también Coordinadora de Recursos Materiales, tal vez este privilegio porque se trata de la hermana del Secretario de H. Ayuntamiento, Lic. Emilio Antonio Velásquez Leyva, lo absurdo de todo esto es que el cuarteto de abogados uno con el cargo de presidente municipal, otro de secretario técnico, actualmente “Presidente Electo”, el tercero es el Director del Jurídico y el Secretario del H. Ayuntamiento, aun conocedores de las leyes las violentan en agravio de todo un municipio y de toda una sociedad, y ninguna autoridad con mayores facultades pone un alto a tanto saqueo, robo y malversación de recursos públicos. Incluso el Congreso del Estado ha tolerado la falta de claridad y transparencia en el manejo de las cuentas públicas en los 60 municipios del estado y jamás ha aplicado su normatividad para sancionar a los irresponsables servidores públicos municipales, y es obvio que si a los presidentes municipales no les exige cuentas claras mucho menos al Titular del Poder Ejecutivo estatal quien  también a todos los integrantes de su familia los tiene en puestos claves y decisorios de la administración pública estatal con las mejores remuneraciones que nunca en su vida soñaron disfrutar y que ni siquiera devengan, y como consecuencia también se dan los despidos injustificados por miles; es del conocimiento público que el gobierno del estado ya está por cumplir sus tres años en el cargo y no le han bastado para resolver los excesivos y costosísimos laudos laborales ya que en lugar de disminuir han ido aumentando también con el pretexto de adelgazar la burocracia, pero más bien para quedarse el y su familia con la mayor parte de los recursos públicos, es más si pudiera hasta desaparecería los pocos programas asistenciales y así poder manejar el 100% de los recursos públicos del estado a su arbitrio y a su conveniencia, ya que no le rinde cuentas a nadie y no hay autoridad que le exhorte a cumplir con la obligación de transparencia y rendición de cuentas, incluso para lograr este propósito tuvo que desaparecer con la complacencia y complicidad de legisladores(as) locales más de una decena de dependencias estatales con presupuestos ya aprobados para su ejercicio fiscal y no se sabe dónde está ese dinero que ya no erogo porque fueron muchos los desempleados al ya no existir dichas dependencias a quienes por cierto hasta la fecha no indemnizan ni liquidan, es obvio que los tres poderes en el estado han violentado leyes federales, estatales y municipales que en su momento juraron cumplir y hacer cumplir.

Ya hemos solicitado a los especialistas en derecho internacional que den vista de estas acciones al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome nota, investigue y en su momento sancione este tipo de actividades ilícitas de servidores públicos federales, estatales y municipales, porque si los tribunales en México son omisos tenemos que buscar el apoyo internacional basándonos en los tratados internacionales de derechos humanos que el gobierno de México a través del senado de la republica a aceptado y ratificado para su cumplimiento.

*Defensor de Derechos Humanos