*Isidro Sánchez Piedra

En México la justicia es denegada

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, reza el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Acceso a la Justicia es un derecho humano que constituye el pilar principal de un sistema democrático como el nuestro, cuya razón de ser es garantizar los derechos humanos a todos por igual.

El acceso a la Justicia para ejercer tales derechos y defender las libertades es vital en un sistema legal moderno e igualitario. El Estado no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del derecho a acceder a la justicia sino que debe adoptar acciones positivas y remover los obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

Se dice en forma reiterada que la Central de Inteligencia Americana (CIA) está presente en todas las ciudades del mundo. También se dice que el Departamento Estadunidense Antidrogas (DEA) hace lo mismo, y a consecuencia de esta intromisión extranjera, el 30 de mayo de 1984 fue asesinado arteramente el periodista Manuel Buendía Téllez Girón, y se dijo en el pasado que José Antonio Zorrilla Pérez, extitular de la Dirección Federal de Seguridad, hoy CISEN, fue el autor intelectual y Juan Rafael Moro Ávila, autor material,  y a casi 30 años del certero asesinato, la pregunta obligada ¿Cuántos miles o cuantos cientos de miles de comunicadores, de defensores de derechos Humanos y de líderes comunitarios han caído? Por circunstancias y en formas inducidas por el estado, y por conducto de sus grupos paramilitares, si los altos mandos del gobierno estuvieron y están involucrados en este precedente y otros, también es cierto que en estos actos todo un gobierno con toda una infraestructura y dineros públicos está cometiendo delitos de lesa humanidad, y lo peor es que en el transcurso de los años no se alcanza la justicia que por derecho corresponde; con Rubén Jaramillo, líder agrario del estado de Morelos sucedió lo mismo, nunca se alcanzó la justicia anhelada y esperada; también la abogada Digna Ochoa y Placido, en su caso, se argumentó por parte de las autoridades que su asesinato pudo tratarse de un suicidio, si esto último fuera cierto, quien o quienes la indujeron a llegar a ese extremo, ya que una persona que siempre se preocupó por defender los derechos de la ciudadanía está expuesta a perder su libertad o su misma vida, es ilógico pensar que ella consiente de sus derechos atentara contra su derecho a la vida, pero para el gobierno le es fácil enturbiar las escenas del crimen con tal de que los delitos se mantengan en la impunidad, creando por el sistema político como consecuencia un cuadro sistemático de violaciones a los derechos humanos en México.

De fuentes dignas de crédito sabemos que algunas organizaciones sociales, incluyendo una de Tlaxcala están solicitando una próxima audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, EE.UU., con el objetivo de denunciar y comprobar violaciones a los derechos humanos contra líderes, periodistas y dirigentes sociales independientes, a quienes el estado enfoca sus dependencias para imponerles la persecución, el despojo, el amedrentamiento y el aniquilamiento de proyectos de defensa y cultura de derechos humanos en el país, con la finalidad de que no lo estén señalando, observando, fiscalizando, cuestionando, recomendando y exhibiendo, las actuaciones ilegales de los servidores públicos de nuestro país, todo a cosa de continuar en la impunidad; incluso se dice que en México algún sector de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus 32 comisiones filiales de cada una de las entidades federativas, de la SEGOB Federal, de las Cámaras Alta y Baja,  y las 32 legislaturas estatales, deberían de acuerdo a nuestras leyes y demás tratados internacionales evitar y prevenir violaciones a los derechos humanos de los mexicanos(as), sin embargo estos grupúsculos se convierten en una red de complicidades en contra de más de 120 millones de mexicanos(as), en este contexto los Estados Unidos de Norteamérica y otros países deberían de jugar un papel importante en la vida política y económica de este país, pero no es así ya que siempre imponen sus ilegítimos intereses a los de las naciones en vías de desarrollo, ante esta problemática nada favorable para las y los defensores de derechos humanos una vez más le decimos a los gobiernos del mundo que seguiremos en esta lucha de defender la vigencia y el efectivo disfrute de los derechos humanos, logrando vencer la IMPUNIDAD y la desigualdad de millones de familias en muchas partes del mundo, hasta logar que el estado cumpla con la obligación de garantizar el acceso a la Justicia, siendo esta una norma imperativa de derecho internacional.

*Defensor de Derechos Humanos