Isidro Sánchez Piedra

Defensor de Derechos Humanos

El pasado 7 de Marzo se cumplieron 200 años de la instalación del Primer Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, en Ario de Rosales, Michoacán, sin embargo los más vulnerables de este país que son millones seguimos en espera de la aplicación justa de las leyes de nuestro país, porque dolorosamente vemos las filas interminables de hombres y mujeres en busca de justicia en los ministerios públicos, en los juzgados civiles y penales, en los juzgados de distrito, en los tribunales unitarios y colegiados, y en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, so horas, días, meses y muchos años que tienen que transcurrir antes de poder encontrar la justicia anhelada, pero lo peor, que la mayoría de las veces las leyes son aplicadas según los intereses y el sesgo de quienes dirigen las instituciones de justicia, y entonces no hay justicia solo la aplicación correcta o incorrecta de las leyes.

Ya cumplimos 15 años de padecer violencia estructural durante las 24 horas de los 365 días de cada año, y los muertos según cifras oficiales se contabilizan en cientos de miles, con el argumento más trillado de que se está combatiendo al narcotráfico, lo grave es que hasta estos momentos no se ha comprobado la efectividad de este tipo de acciones, porque a los pocos años son liberados los presuntos delincuentes del narco, tales como  Rafael Caro Quintero y  Florence Cassez, esta última incluso tubo el cinismo de demandar al estado mexicano por daño moral y por las deficiencias de un sistema judicial que está en decadencia gano la demanda y la indemnizaron por 36 millones de dólares de recursos públicos, estas irregularidades no pueden ser pagadas con recursos públicos, en este caso deberían ser pagados con dineros legítimos y privados de Genaro García Luna, quien estaba en el año 2005, como Titular y Responsable de la Agencia Federal de Investigación (AFI) mismo servidor público que cometió serias irregularidades en el ejercicio de la función pública que permitieron dejar débil todo el procedimiento jurídico de investigación sobre dicha persona.

Hace algunos días nos enteramos por algunos medios de comunicación de la supuesta búsqueda y aprehensión de  Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” y que supuestamente era profesor en activo y la pregunta obligada: ¿Quiénes más están detrás de él? Se dice que es el lidere de los caballeros templarios, pero hasta hoy nada comprobado, yo diría que era el vocero de una banda de criminales que siempre demostraron mucho poder político y económico por encima de nuestras instituciones, y la pregunta obligada: ¿Dónde Quedaron las labores de Inteligencia de la Zona Militar enmarcada en el estado de Michoacán? ¿Cuál fue el trabajo del Titular de la PGR en este estado durante 18 años? ¿Cuántos billones de pesos se han gastado en estos 18 años en aras de la supuesta mejoría y de mejores servicios a los contribuyentes del estado de Michoacán? Se detecta una red de complicidades y la nula aplicación de nuestras leyes, estos son signos de descomposición gubernamental y la clara imagen negativa de quienes han dirigido y dirigen nuestras instituciones; por estas razones y otras que nos reservamos por el momento retomamos que es urgente y necesario la instalación de Jurados Populares integrados por hombres y mujeres de pensamiento libre, de convicción de servicio, de honorabilidad comprobada hacia la patria, para que estas figuras de ciudadanos sean los encargados de llevar a juicio a los verdaderos responsables del delito y hacer que efectivamente paguen con cárcel el precio de sus errores y delitos; ya no más simulación en la Procuración e Impartición de justicia, ya no más inocentes castigados y sancionados, ya no más impunidad a favor de los verdaderos delincuentes, ya no más cárcel de papel o de lujo, realmente castigo a los responsables de violar nuestras leyes, porque es grave que por el simple hecho de una persona ser presunto responsable de violar nuestras leyes siempre se involucren a familiares y amigos, pero  las familias y los amigos nunca serán responsables de los actos ilegales que cometan algunas personas, en muchos ayeres hemos sido testigos de cómo se terminan fortunas y patrimonios familiares en aras de alcanzar una justicia que nunca llega ocasionando el hacinamiento y la extrema pobreza, pues la familia sin empleo y sin patrimonio familiar es condenada al exterminio y sin justicia.

“Que todo el que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”  José María Morelos. 7 de Marzo de 1815.