*Isidro Sánchez Piedra

La criminalización principal instrumento del Estado

Como ha sido destacado en varias ocasiones por la CIDH, la criminalización puede afectar la libertad de pensamiento y expresión; libertad de asociación; derecho de reunión; derechos a la honra y dignidad; los derechos a la libertad; la protección y garantías judiciales y la defensa de los derechos humanos. Además la estigmatización puede producir cargas psicológicas que lesionan el derecho a la integridad psíquica y moral al generar miedo y angustia así como poner en riesgo su integridad física y su vida ya que incrementa su vulnerabilidad frente a las fuerzas de seguridad del Estado y/o actores armados ilegales.

Los defensores de derechos humanos en el ejercicio de actividades legítimas de promoción y protección de los derechos humanos con frecuencia se enfrentan a acciones judiciales fundadas en tipos penales ambiguos (como por ejemplo acusaciones por supuestos delitos de la afectación a la honra o reputación de servidores público) y en muchos casos contrarios a la legalidad.

Incluso la criminalización de la protesta social no es más que una manifestación del autoritarismo. ¿Cómo la han enfrentado los gobiernos neoliberales mexicanos? A través de su criminalización, la represión, la infiltración, la provocación, la detención, el encarcelamiento, el asesinato, a menudo fabricando delitos ridículos aceptados por jueces venales. Con cambios en las normas penales que llegan al ridículo para equipararla con el terrorismo, tal y como acaban de hacer los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista, que aprobaron una ley que busca acotar las manifestaciones en la capital, reducirlas al horario de 11:00 a 18:00 horas, ubicarlas en vías secundarias y condicionarlas al otorgamiento de un permiso oficial.

La criminalización de la protesta ha sido un proceso en el que participa la Suprema Corte, que en septiembre de 2013 determinó poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución. Con ello aspira a amputar la posibilidad de los mexicanos a recurrir a los foros internacionales cuando sus derechos humanos son pisoteados en México.

En esa perspectiva neoliberal y autoritaria, a la población sólo se le deja la salida de la violencia para defender sus intereses sociales básicos y sus derechos políticos.

En México se agudiza la desigualdad social y se profundiza la lucha de clases. Al mismo tiempo, se atenta contra los derechos económicos, políticos, sociales y ambientales: todo aquello que huela a colectivo, comunal y estatal está bajo ataque. Políticos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), todos de la misma clase social, imponen a las mayorías un futuro de carencias y miseria. Como el despojo será absoluto, también criminalizan la protesta. Con ello, sin embargo, legitiman las formas de lucha extralegales y justifican la subversión. Ya es el único camino.

Los defensores(as) de derechos humanos se ven expuestos muchas de las veces como parte de una represalia  hasta en contra de sus familiares, por el ejercicio de sus actividades  a la persecución diaria, al Espionaje e Intervención de líneas telefónicas y servicios de internet, a la Vigilancia las 24 horas de los 365 días de cada año tanto en el cuartel general como en sus domicilios particulares, Se nos confisca de correspondencia postal y no llega a su destino máxime si se trata de un destinatario internacional, también somos expuestos a la discriminación en los centros de trabajo tanto públicos como privados por el solo hecho de tener pleno conocimiento de nuestros derechos,   prefabricación de delitos que no se han cometido con tal de someterlos a un proceso legal penal viciado de origen que como consecuencia los mantienen en la incertidumbre y expuestos al hacinamiento, a la tortura física y psicológica, les hacen perder su libertad, la tranquilidad, la paz y su seguridad,  y son ubicados en condiciones de contingencia económica y patrimonial. Y a través de los años no tenemos garantizado el derecho a la salud, nos convertimos en personas desnutridas y obesas por falta de una alimentación adecuada y nutritiva, caída prematura de piezas molares, falta de calcio que provoca enfermedades extremas como artritis, parálisis, infartos, el desarrollo de cáncer, la falta de estabilización de la presión, y muchas otras enfermedades que se vienen desarrollando día a día, momento a momento, por falta de una atención médica oportuna que nos debería proporcionar el estado a través de un empleo bien remunerado con todas las prestaciones económicas y sociales mismas que se contemplan en nuestra constitución política federal y en los tratados internacionales, y así cumplir el estado su compromiso con las personas que dedicamos toda una vida de nuestro tiempo, nuestros pocos o muchos conocimientos y recursos privados a defender los derechos de la ciudadanía.

Cuando un ciudadano independiente se declara e identifica públicamente como un defensor de derechos humanos y empieza a promover el respeto de los mismos, el estado lejos de ser facilitador para el desarrollo de estas actividades combate estructuralmente y con toda la fuerza del estado a los defensores(as) de derechos humanos, y a sus familiares identificados, e incluso somos señalados por el mismo gobierno de nuestro país como un foco rojo o lo que es peor nos consideran como organismos de seguridad nacional.

Finalmente, nos queda claro que la Criminalización es Utilizada principalmente para neutralizar nuestras actividades al grado de logra el desistimiento y la aniquilación del grupo o personas que se dedican a defender los derechos humanos, ya que a través de este delito genocida de nuestro gobierno la seguridad y la vida de las personas que nos dedicamos a la promoción y defensa de los derechos humanos se coloca en constante riesgo.

*Defensor de Derechos Humanos