Isidro Sánchez Piedra

Constitucionalmente es derecho de las y los mexicanos expresarnos libremente y así lo mandata el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La Manifestación de las ideas NO será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.

Pero cuando los ciudadanos nos exponemos a un gobierno autoritario y violador de derechos humanos e ignorante de las leyes federales y estatales, suceden acciones y omisiones que afectan gravemente la convivencia sana de los mexicanos; en los meses pasados se publicó en diversos medios de comunicación la supuesta conformación de un Consejo Consultivo que ayudaría en mucho a evitar agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos, sin embargo los agentes al servicio del gobierno están presentes en esos y en otros escenarios defendiendo a toda costa los ilegítimos intereses de la oligarquía mundial y nacional que sobrevive a costa de la vulnerabilidad de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de más del 95% de todos los mexicanos.

A pesar de contar con una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en Tlaxcala el pasado 6 de Abril de 2013 fue expuesto a una orden de aprensión el periodista MARTIN RUIZ RODRIGUEZ, Director del Diario Digital E-consulta, por haberse expresado hacia las acciones de un servidor público que como la gran mayoría no cumple con sus más elementales obligaciones, y estos no quieren que hable la gente mal de ellos pero entonces estos deben cumplir con su compromiso público hacia los intereses de la población porque cuando se cae en la irresponsabilidad de no cumplir u omitir el ejercicio de acciones que tengan que ver con el bienestar de los distintos sectores del estado estos hechos dentro del marco de nuestras leyes deberán siempre ser exhibidos públicamente por medios de comunicación existentes, pues el pueblo tiene derecho a conocer lo que pasa en torno a las acciones de los servidores públicos al servicio del estado. En Tlaxcala existe la Ley de Control Constitucional que debiera ser un instrumento de control y sanción para servidores públicos estatales y municipales, sin embargo cuando el poder judicial y el legislativo se subordinan al poder ejecutivo, estos se convierten en los principales responsables de su aplicación y de la aplicación de otras 60 leyes más vigentes en nuestro estado, y la falta de aplicación de dichos instrumentos jurídicos nos conduce a los ciudadanos al caos y a la anarquía, porque tal pareciera que las leyes son exclusivamente para los gobernados, y desde nuestra concepción estamos convencidos que las leyes en este bello país son para aplicarse a gobernantes y a gobernados; imagínese amable lector que si a un Director responsable de un proyecto de información periodística le instruyen por consigna un Juicio Legaloide que lo llevo a prisión y lo obligo a erogar una fuerte cantidad de dinero privado por el concepto de pago de una fianza más los gastos de servicio de abogados, que se podrá esperar un ciudadano(a) común que carece de conocimiento de leyes, de recursos económicos, y de relaciones públicas y políticas, la respuesta es: se quedaría en la cárcel por muchos años a costa del erario público nacional y estatal, y en el más completo estado de indefensión, a este delito se le denomina “De Lesa Humanidad” perpetuado por el gobierno en turno, ¿Que respeto merecería un servidor público que el día de la toma de protesta Juro cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, La constitución Política del Estado de Tlaxcala y las demás leyes que de esta emanan, y que se dedica diariamente a violentarlas en vez de cumplirlas y hacerlas cumplir? Un servidor público que se dedica única y exclusivamente a realizar turismo revolucionario en todo el mundo, en el país y en Tlaxcala, a costa del erario nacional y estatal, además de ejercer actos de relumbrón y fomentando el culto a la personalidad, y que además en su administración han sucedido actos de violencia, asesinatos no esclarecidos, represión contra todos los sectores del estado, encarcelados injustamente bajo juicio legaloides, y persiguiendo a diario a los que considera sus opositores, atentando gravemente contra las instituciones democráticas como es el IET, La CEDH y Los Partidos Políticos, a quienes en su mayoría las ha sometido bajo el presupuesto público, y el sometimiento hacia Los Sindicatos y Organizaciones Sociales de Tlaxcala bajo el terror, la represión, la calumnia, la difamación y el daño moral.

Ante estos acontecimientos inconstitucionales que padecemos las y los tlaxcaltecas nuevamente Exhortamos al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecutivo Estatal que depongan su actitud arbitraria y represora por una acción pública de respeto irrestricto a nuestras leyes, garantizar el disfrute de nuestros derechos y que la JUSTICIA sea una realidad en el país.