* Isidro Sánchez Piedra
Las organizaciones sociales y su importancia en el quehacer político del país
Desde 1985 año en que sucedió una tragedia nacional en México, refiriéndonos al terremoto que afecto más gravemente a los habitantes del Distrito Federal, los ciudadanos(as) con sus actividades altruistas demostraron al mundo y a los gobiernos que con son capaces de organizarse para ser más productivos rebasando con creces al gobierno que como siempre demostró ser incapaz, burócrata y corrupto; en dichos acontecimientos que nos causaron mucho dolor fueron los propios ciudadanos quienes se auxiliaron entre si realizando tareas y actividades que le correspondían a los tres niveles de gobierno y a 28 años tanto el gobierno federal, del Distrito Federal y el de los estados siguen soslayando, discriminando, marginando y aplicando toda la fuerza del estado contra ciudadanos organizados y no organizados, con el argumento por décadas tan trillado, que el gobierno no necesita de los ciudadanos mucho menos de las organizaciones sociales, y la pregunta obligada ¿Si los tres niveles de gobierno como se dice son nuestros representantes, entonces porque no cumplen sus más elementales obligaciones? Y optan mejor por la filosofía de Maquiavelo el de Divide y Vencerás.
En México existe un Consejo Técnico Consultivo y una Comisión Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, que nació en febrero de 2004 bajo la instrucción de la Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, sin embargo a nueve años del nacimiento de dicho ordenamiento estos entes fueron convertidos por el gobierno en organismos burocráticos al servicio del mismo gobierno, pues solo se han dedicado a celebrar reuniones, congresos y sesiones maratónicas que nunca han arrojado ninguna productividad, solo a través de estos entes burocráticos se han beneficiado unas cuantas organizaciones por designación gubernamental a quienes año con año les financian sus proyectos y sus viajes turísticos al interior y exterior del país; mientras la gran mayoría de organizaciones que si realizan actividades productivas en beneficio de los sectores vulnerables y de extrema pobreza en el país siguen siendo excluidas y marginadas de los programas sociales y del financiamiento de sus proyectos y planes de actividades. En Tlaxcala también se cuenta con la Ley Que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del Estado de Tlaxcala, sin embargo el gobierno que encabeza el C.P. Mariano González Zarur, hace caso omiso a dicho ordenamiento, y permite la existencia de una institución que se ha convertido en elefante blanco como lo es la Dirección de Atención a Grupos Sociales. Usted amable lector sea puesto a reflexionar cuantos miles de millones de pesos de dinero público se gastan cada año en residencias, oficinas, medios de movilización y de comunicación de los embajadores, cónsules y demás personal administrativo de las embajadas, y a través de las representaciones en organismos intergubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos,  son miles de millones de pesos cada año, y la pregunta obligada ¿A cambio de cuál productividad?  Y sabe porque amable lector porque en esos lugares instala gente el presidente de la republica sin convicción de servicio, sin ética profesional y sin la mínima intención de representar los legítimos intereses de los mexicanos(as).
A seis meses que asumió la presidencia de la republica el Sr, Peña Nieto se le solicito de su apoyo para resolver esta problemática de las organizaciones sociales de Tlaxcala mismas que padecemos un gobierno excluyente, discriminador y represor, pero el Sr. Peña Nieto y sus amigos los Secretarios de estado, ya llevan casi un año de realizar a costa del erario nacional TURISMO Revolucionario en todo el mundo, mientras el país se hunde en el desempleo, en la burocracia, en la miseria, en la inseguridad y cada día nos rebasan la burocracia y corrupción, ya es tiempo de que el Honorable Congreso de la Unión de acuerdo a sus facultades cite a comparecer al Procurador y a todos los secretarios para que se les practique una evaluación de la administración federal en todo el país, y se les pueda evaluar objetivamente, para que los que no puedan con el cargo se les exija su denuncia pues el país ya no puede esperar más, necesitamos de un gobierno capaz, eficaz, responsable y productivo, garante de que las y los mexicanos disfrutemos de un empleo bien remunerado permanente y continuo, disfrutar de un sueldo que nos alcance a cubrir los gastos más elementales de una familia como lo es una alimentación nutritiva y balanceada, contar con una vivienda digna y decorosa, poder brindar educación para todos y cada uno de nuestros hijos.
En los últimos 20 años cada una de las organizaciones en el país sufren el desempleo y cada día estos ciudadanos luchan sin descanso por cambiar las condiciones de vida de este país pero sus esfuerzos han sido limitados por la falta de voluntad y coordinación de los tres niveles de gobiernos, en Tlaxcala existen más de 300 organizaciones sociales con diferentes objetivos, metas y actividades, por el abandono del gobierno estatal y municipal estas organizaciones sean visto en la necesidad de replegarse a un mínimo de actividades por carecer de los medios más básicos para operar, en los meses pasados se sorprendieron los directivos de una A.C., porque el Secretario de Gobierno, Lic. Miguel Moctezuma Domínguez textualmente los encrespo y les dijo, en Tlaxcala ya no hay organizaciones sociales ya las acabo el estado, que tragedia que un profesionista con varias décadas de vida política en el estado se manifieste de esta manera, pues es una falta de respeto para los ciudadanos que luchan cada día sin descanso y sin remuneración económica para cambiar las condiciones de vida de este país y del estado de Tlaxcala, si los diputados locales tuvieran una gota de vergüenza y de dignidad citaran a comparecer a este servidor público para reclamarle y exigirle compruebas en mano sobre la productividad de su ejercicio en la función pública en los 60 municipios del estado.
* Defensor de Derechos Humanos