Isidro Sánchez Piedra

Las personas físicas y morales que requieren de los dineros públicos mediante el acceso a los programas gubernamentales, con el objetivo de abatir el desempleo, tienen que cumplir un sin fin de requisitos, reglas y normas imposibles de cumplir, pero quienes desean obtener  apoyos para emprender su propio negocio sobre servicios, de producción o ganadero no tienen de otra que sujetarse a dichos ordenamientos, aunque al final de cuentas el resultado mucha de las veces no sea exitoso y si muy costoso.
La Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., durante años ha realizado trabajos titánicos para asesorar, organizar e informar y en muchas de las ocasiones afinar sus proyectos para que lleven más probabilidades de ser financiados, pues los filtros que cada día imponen los tres niveles de gobierno son dificultosos, tortuosos, burocráticos y demagogos, pero además estos recursos cuando se entregan a penas si cubren el 40% del costo total de las inversiones y el 60% restante lo tienen que aportar los futuros beneficiarios(as), como usted podrá observar amable lector los dineros públicos casi nunca llegan por esta maraña de requisitos que se nos impone desde la Cámara de Diputados. El costo económico de cada proyecto les cuesta entre 28 000 y 100 000 pesos dependiendo el monto solicitado este costo es por los servicios del consultor pero resulta que de los 200 consultores que existen en cada padrón de cada una de las dependencias solo 2 o 3 son profesionistas realmente especializados, capacitados y responsables, el resto de los 197 son chambones quienes no garantizan en lo absoluto su trabajo productivo en detrimento de  miles de hombres y mujeres que confían en ellos para realizarles un trabajo profesional de estructurar un proyecto, esto a pesar de que las dependencias federales cada año restructuran un padrón de técnicos habilitados y acreditados, se dice que en cada proyecto aprobado viene el apoyo para pagar los servicios del consultor pero si el proyecto no es aprobado no vendrá este apoyo y como medida precautoria de estas disposiciones hay proyectistas que les piden a los grupos el pago de elaboración de proyecto y honorarios por anticipado para que en el supuesto de que no sea aprobado el proyecto ni mucho menos financiado este profesionista no tenga nada que perder, pero si irresponsablemente ha causado daños y perjuicios a los grupos organizados que con mucho esfuerzo físico, moral y económico cumplieron todos y cada uno de los requisitos para poder concursar la aprobación de su proyecto.
Para que tenga una idea amable lector,  cuanto tiene que estar dispuesto a aportar un ciudadano que desea acceder a los fondos públicos que supuestamente nos regresan en programas y apoyos gubernamentales, mediante un entarimado de requisitos que el gobierno les llama reglas de operación, y de cada cien proyectos presentados en tiempo y forma finalmente resultan aprobados 2 o 3 de cada 100, pues 97 son desechados, así de fácil, mis compañeros el año pasado emprendieron un tortuoso trabajo más,  el de organizar, asesorar, orientar, impulsar la formación de grupos de acuerdo a las reglas de operación de los programas FAPPA – PROMUSAG, empezaron con 35 grupos , pero en el camino se quedaron 30 grupos y solo lograron llegar a la cima 5 proyectos mismos que se presentaron en tiempo y forma ante las ventanillas oficiales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pero da la casualidad que las autoridades hace unos días nos informaron extraoficialmente que nuestros proyectos tienen muchas deficiencias técnicas según ellos argumento que tomaran ellos como pretexto para no dictaminar como procedentes estos proyectos indispensables para los grupos y finalmente no serán financiados, responsabilizando la dependencia al consultor que realizo los proyectos, pero da la casualidad que es la misma SEDATU la que capacita, adiestra, habilita y certifica mediante una acreditación a los Técnicos para que ellos puedan poder elaborar y presentar proyectos, y entonces la responsabilidad de las deficiencias que pudieran tener eventualmente los consultores acreditados es también de la dependencia que los habilito, registro y empadrono en la relación de técnicos que la misma dependencia difunde en su página Web; y la pregunta obligada, ¿Si mediante un curso de capacitación que les da la dependencia los consultores resultan con una acreditación, cómo es posible que sus servicios son totalmente deficientes en agravio de miles de hombres y mujeres? Es obligación prioritaria de cada delegado en cada una de las entidades federativas del país el de proponer serias y eficaces propuestas para que las reglas de operación no sean un obstáculo para adquirir recursos públicos, pues el espíritu de esta debería de ser de transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, pero los delegados están ocupados siempre en adquirir más poder político y económico que el de cumplir con sus más elementales obligaciones. Por conducto de diversas asociaciones civiles del país se les ha exigido a los legisladores federales adecuen y actualicen a las condiciones actuales  las reglas de operación de los programas, con el fin de simplificarlas no engrosarlas y hacerlas mucho más difíciles de cumplir y por ende obstaculizar el acceso a los recursos públicos.