Isidro Sánchez Piedra
Por una administración eficiente, transparente y productiva
Las personas de pensamiento libre y asociaciones civiles siempre hemos pugnado para que la administración pública de los tres niveles de gobierno se distinga por un servicio social al servicio de las necesidades de toda una población, actuaciones que no han sucedido en décadas, a pesar de ser gobernados por distintos personajes con colores e ideologías diversas, con tristeza observamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno se han apoderado unilateralmente de los bienes de la nación y de los espacios públicos que pertenecen única y exclusivamente a los ciudadanos(as), por donde quiera se observan integrantes de fuerzas federales, estatales y municipales únicamente como piezas decorativas sin ningún objetivo y sin ninguna productividad, cuidando intereses ilegítimos de una oligarquía que se niega a morir, violentando a diario derechos constitucionales consagrados en los artículos 1, 5, 8, 9, 35 fracciones III y V, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los bienes de la nación deberían estar al servicio de los mexicanos, también sus instituciones, pero estamos muy lejos de hacer efectivo este derecho, es muy preocupante lo que sucede en México, cuando un ciudadano(a) llega a una dependencia “X” esta está llena de efectivos militares, estatales o municipales que impiden el libre acceso, toman todos los datos de identidad y te sacan fotografías sin tu permiso antes de pensar en dejarte pasar, como es el caso de la gran mayoría de dependencias federales incluyendo a Palacio Nacional, te hacen esperar horas, días, meses y años para lograr una oportuna atención a tus asuntos de urgente y obvia resolución, ni mucho menos dan cavidad ni piensan hacerlo a cabildos abiertos, a licitaciones libres, a una atención y solución para todos sin exclusión de ideologías, hasta ahora los representantes populares no representan a los ciudadanos ni mucho menos a sus legítimos intereses, por lo mismo, urge legislar a nivel federal y en cada uno de los estados para que exista una legislación que permita la real y plena ciudadanización de los procesos electorales federales y locales, para evitar que al arbitrio de los gobernantes y a sus intereses sigan manoseando nuestras instituciones en agravio de los habitantes de cada entidad federativa, ya que siempre los beneficiados son un reducido grupo de personas y sus familiares.
Exhortamos al gobierno federal y al del estado de Tlaxcala, para que permitan la transparencia, eficacia y productividad de sus actuaciones como servidores públicos, el ejercicio libre de nuestros derechos constitucionales y la garantía plena del disfrute de cada uno de los derechos que como ciudadanos merecemos, incluyendo ser parte activa y productiva de las políticas públicas de nuestro país y estado; que nunca más otorgue apoyos asistencialistas que en nada resuelven las condiciones de vida vulnerable y de extrema pobreza de más de un millón de tlaxcaltecas.
Y cuando nos referimos a términos de DEMOCRACIA, los gobiernos en turno ensucian las actuaciones de las instituciones encargas de dar certidumbre, transparencia y credibilidad, impidiendo la real participación ciudadana de hombres y mujeres de pensamiento libre.
La Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., tiene en su haber centenares de peticiones y decenas de proyectos de muy importante impacto social, sin embargo los tres niveles de gobierno menospreciando a cada momento esta clase de esfuerzos y trabajos de hombres y mujeres pensamiento libre de varios estados de la república y de varios municipios del estado de Tlaxcala, han sido ignorados, minimizados, soslayados y menospreciados con tal de imponer proyectos gubernamentales que nada tienen que ver con el impacto social; hoy solicitamos por este medio se instale una mesa de trabajo a la menor brevedad posible con capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno en el municipio de Apizaco, donde se considere acordar sobre la aprobación de peticiones y proyectos y su financiamiento, pues de esto depende que los terceros sectores involucrados cambien su situación en condiciones vulnerabilidad, principalmente en los 22 municipios catalogados de extrema pobreza por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los sectores a los que nos referimos siempre han acudido a pedir el apoyo de las instituciones tanto federales como estatales sin éxito alguno, han venido año con año cumpliendo los requisitos y normas de los programas con tal de resultar beneficiarios pero su esfuerzo ha sido en vano.
* Defensor de Derechos Humanos