*Isidro Sánchez Piedra

Terminó el primer periodo de sesiones ¿Y la productividad?

En el Congreso del Estado de Tlaxcala, termino el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, y este se destacó por imposiciones en sus prácticas legislativas que por cierto no representan los intereses legítimos de la población, ya que la gran mayoría de diputados(as) se subordinaron a las decisiones e intereses del Titular del Poder Ejecutivo del estado.

Los Diputados y Diputadas, constitucionalmente debieran ser nuestros representantes y defensores de nuestros intereses, pero esto no sucede en Tlaxcala,  primero están los intereses del gobernador y luego sus propios intereses; se han olvidado de su principal función, misma que se refiere al proceso de creación, abolición y/o modificación de leyes y decretos, de ahí su denominación como Poder Legislativo, que son la expresión de los términos y condiciones de las diversas relaciones que se dan entre los miembros de una sociedad y cuyo gran marco es la integridad de los Derechos Humanos, tanto individuales como colectivos, en las reglas de la organización del poder público, principios de carácter social y económico; Así mismo tienen la función Fiscalizadora o de Control, que se refiere a la facultad que tiene el congreso de revisión, que tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de gobierno; dictaminar las cuentas públicas para determinar si se ajustaron a la legalidad. En caso de encontrar irregularidades dar parte a las autoridades a fin de investigar y establecer sanciones. Esta función, junto con la facultad de aprobar el presupuesto y la Ley de Ingresos posibilitan la intervención del órgano legislativo en las definiciones de la política económica y social.

Incluso tienen la Función Jurisdiccional, que se refiere a la tarea de realizar actos que crean circunstancias particulares; actúan como juez, que son concretas e individuales y que buscan solventar alguna controversia. A través de esta función, los diputados y diputadas declaran la existencia de un deber o un derecho dado y culminan con una resolución en la cual pueden emitir sanciones administrativas o de juicio político, según corresponda, la cual es inapelable. Otra función es la representativa, de ahí la importancia de una permanente comunicación ciudadano(a) - diputado(a) que lleve a una conjunción de los asuntos que se discuten en el Congreso, respecto de la realidad a la que deben dar respuesta.

Entonces nos damos cuenta que son muchas las funciones de nuestros legisladores, y entonces porque solo se dedican a cobrar sus jugosos sueldos y prestaciones, mismas que son pagadas con impuestos de todos los mexicanos, ni siquiera se han tomado la molestia de transparentar el ejercicio de sus distintas actividades y el uso de los recursos públicos, ya que es una obligación La Transparencia y Rendición de cuentas, que va mucho más allá de informes periódicos, esta implica una seria contraloría social y legal de la función pública. Hablar de rendición de cuentas es el derecho que tienen los ciudadanos como detentores del poder público de conocer: qué se hace, y cómo se hace, respecto a los impactos posibles y reales de su actuar, los costos y presupuestos comprometidos. Lo crucial de la rendición de cuentas es no quedarse en el puro conocimiento de las decisiones, y justificarlas en público; conlleva sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades, devolviendo con ello el sentido original a la palabra servidor público como alguien al servicio del pueblo y no un coto de poder, ya sea grupal o personal.

La función legislativa efectiva, en el marco de las aspiraciones de los ciudadanos es un elemento insustituible en el fortalecimiento democrático del Congreso, La intervención ciudadana en la conducción de los asuntos públicos es un fenómeno inherente a las sociedades democráticas modernas, la cual permite la estabilidad, confianza y credibilidad en el sistema legislativo, por lo que creemos se hace necesario establecer formas institucionales que den respuesta a las demandas sociales, más aún si ello contribuye a prevenir un posible divorcio entre la ley y la realidad social del país.  

*Defensor de Derechos Humanos