*Isidro Sánchez Piedra

Una fiscalía contra desapariciones forzadas en México, justa y necesaria

En casi cinco décadas podríamos afirmar que las desapariciones forzadas se dan por miles en nuestro país principalmente en contra de activistas sociales, de defensores de derechos humanos, de líderes de organizaciones populares y de representantes de Asociaciones Civiles independientes, por no ser sus actividades del agrado de ningún gobierno y caciques de la región, ya que defienden y representan los intereses legítimos de los sectores más débiles y vulnerables de México.

Desapariciones Forzadas  o Involuntarias: Llegan unos hombres, irrumpen en la vivienda, casa, casucha o choza de una familia rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, algunas veces uniformados y siempre armados, sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quien actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario. Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos.

Una desaparición forzada, es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las consecuencias físicas y psicológicas de esta forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una tortura mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor. La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, como lo es en México, la  legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.

La práctica de la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como en otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario. Los principales derechos que se violentan a una persona víctima de desaparición forzada o involuntaria, son: El Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; El Derecho a la Libertad y Seguridad de la Persona; El Derecho a No ser sometido a Torturas ni a otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y el Derecho a la Vida.

Dada la grave naturaleza de las desapariciones forzadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, presta especial atención a tan odioso fenómeno desde el año 1979, haciendo valer la resolución 33/173 titulada “Personas Desaparecidas” esta obligación incluiría la responsabilidad legal por excesos injustificables que pudieran conducir a desapariciones forzadas o involuntarias y a otras violaciones de los derechos humanos; por lo tanto el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, debe asesorar, examinar e intervenir en el asunto de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y conocer de fondo sobre esta problemática que desde hace muchos años padece nuestro país. 

Por lo tanto, dadas las circunstancias que vivimos los mexicanos(as), y a pesar de que nuestro gobierno se resiste a aceptar la intervención del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,  es justa y necesaria la existencia de una Fiscalía Contra Desapariciones Forzadas en nuestro país. Incluso si es necesario manifestar que es  nuestro deseo de que la investigación se tramite según el Procedimiento 1503, ya que bajo este procedimiento no puede ningún estado negarse a la intervención, aun no habiendo ratificado los tratados internacionales de protección a los derechos humanos. 

*Defensor de Derechos Humanos