Aquiles Córdova Morán

¿A dónde va la intolerancia política que pasa sobre la ley?

Decía yo hace una semana que la presidenta municipal de Texcoco, personalmente algunas veces y otras a través de sus partidarios incrustados en los órganos del poder local en las comunidades, desesperada además porque su guerra mediática de acusaciones infundadas, descalificaciones y calumnias hueras en contra de los antorchistas y del diputado federal Brasil Acosta Peña no han logrado frenar el avance de ambos en el ánimo de la población, ha dado un paso más en su empeño de deshacerse de ambos actores políticos. Ahora reúne (donde puede hacerlo) a sus seguidores, les “informa” de las “fechorías” de Antorcha y del diputado Acosta Peña y los induce a tomar el acuerdo de prohibirles terminantemente la entrada a la comunidad, so pena de ser expulsados violentamente en caso contrario. “¡Fuera Antorcha de Texcoco!” “¡Fuera Brasil de Tocuila!”, por ejemplo, es el grito de guerra de la señora presidenta y sus amigos.

También informaba yo que una campaña similar, con el mismo grito amenazante de “¡Fuera Antorcha y su líder Abel Pérez Zamorano de Chapingo!”, se ha venido instrumentando al interior de esa universidad por parte de gente perteneciente a la misma corriente política de “izquierda” de la alcaldesa de Texcoco, y que, curiosamente, ambas campañas, que contradicen frontalmente garantías constitucionales básicas como el derecho de reunión, de organización y de no discriminación por razones políticas, y pisotean sin ninguna consideración la legislación universitaria en el caso de Chapingo, se dan justamente cuando en ambos lugares están próximos los tiempos de elección de nuevo ayuntamiento y nuevo rector respectivamente. No hay duda, pues, de que en el fondo de ambas embestidas contra el antorchismo está la lucha por conquistar y retener el poder, lucha en la que, a todas luces, se mira a Antorcha como el competidor más peligroso y, por tanto, como el enemigo al que hay que eliminar a como dé lugar.

Los antorchistas de todo el país (más de un millón de afiliados) acabamos de celebrar 40 años de lucha por la organización, la politización y el mejoramiento social y económico de los grupos más olvidados, marginados y desamparados de la sociedad mexicana. Han sido 40 años de brega denodada contra todo y contra todos; 40 años de agresiones violentas que han costado muchas vidas de antorchistas (de base y de dirección); 40 años de una campaña mediática sin tregua, feroz y despiadada, en la que no se nos ha ahorrado nada, ningún insulto, calumnia o acusación por terribles y descabellados que sean, con tal de frenar nuestro avance y borrarnos del mapa político nacional; 40 años de durísimo y generalizado bloqueo a nuestras demandas y peticiones en favor de los más necesitados, por parte de los tres niveles de gobierno y sin distinción de partidos; 40 años de ataques contra nuestro derecho a la libre manifestación pública de ideas, proyecto de país y de nuestras inconformidades por la escasa o nula respuesta a las demandas básicas de nuestra gente. Así pues, por todo lo que hemos sufrido (y por tan largo tiempo) en defensa de los débiles, podemos decir sin alarde que conocemos bien lo que es la lucha por el poder; que tenemos bien claro que esta lucha, por los muchos y grandes intereses que se juegan en ella, no puede darse con guantes de seda ni arrojando claveles y rosas al contendiente; que no nos sorprende ni espanta la ferocidad que suelen desplegar los competidores con tal de alzarse con la victoria y que estamos razonablemente  mentalizados para soportarla y enfrentarla.

No obstante esto, creo necesario recordar aquí que, aún en la guerra, aún en las más mortíferas luchas armadas de ejército contra ejército, de país contra país, hay reglas mínimas que limitan y acotan lo que cada bando puede y no puede hacer en contra del enemigo, reglas que todos las partes se comprometen a respetar por así requerirlo el desarrollo mismo de la contienda y porque se trata de prevenciones que todos pueden necesitar y requerir en un momento dado: prohibición de armas particularmente destructivas y que causen dolor excesivo e innecesario a sus víctimas, respeto a la vida de los prisioneros, trato digno a los altos mandos que son cautivados, seguridad y facilidades a los cuerpos de socorro médico para desempeñar su labor, garantías a los medios informativos para llevar a cabo su tarea, intercambio de prisioneros, etc., etc. Y me atrevo a inferir de aquí que, si eso es necesario entre ejércitos que salen al campo de batalla dispuestos a matar o morir, con mayor razón debe serlo entre grupos y partidos políticos que se disputan una elección. Y recuerdo a todos también que tales regulaciones y  acotaciones a las competencias políticas, al menos en los países que se precian de democráticos, existen y están bien definidas y especificadas tanto en la ley básica como en las leyes electorales de ella derivadas, de modo que, si no se trata de un golpe de estado (abierto o disimulado), si no se trata de imponerse sobre los demás a viva fuerza y sólo amparados en el auto convencimiento de ser dueños absolutos y monopólicos de la verdad universal, respetar tales reglas resulta obligado para que una elección sea legítima, democrática y aceptada por todos.

Sostener la consigna: “¡Fuera Antorcha de Texcoco”! “¡Fuera Antorcha y sus líderes de Chapingo”! es algo que contradice directa y violentamente cualquier principio democrático asentado en la ley, e incluso al más elemental derecho humano; y si bien puede parecer a alguien que se trata de una simple ocurrencia que no debiera tomarse en serio, opino que no es así. En tales consignas, hijas de la intolerancia y del hegemonismo político a ultranza, se halla depositado ya, lo sepan o no sus autores y defensores, el huevo de la serpiente de la ideología nazi-fascista de tan terrorífica memoria, misma que sólo aguarda las condiciones propicias para desarrollarse y mostrar todo su potencial destructivo. La diferencia entre tales consignas y lo que pensaba y trató de llevar a cabo Hitler, es sólo cuantitativa, reside sólo en el tamaño de la superficie y de la población que se intenta vedar al “enemigo”, pero su contenido cualitativo es exactamente el mismo: quien hoy se siente con derecho para expulsar por la fuerza, de un municipio o de una universidad, a quienes no comulgan con sus puntos de vista, no lo pensará dos veces para hacer lo mismo en todo el país, tan pronto el poder en sus manos se lo permita. Por tanto, invito a mis lectores a que pensemos en lo siguiente: aunque sacar a Antorcha de Chapingo o de Texcoco en forma violenta es ilegal, es intolerancia y es fascismo en pequeño, debe reconocerse que sería posible hacerlo tal vez sin consecuencias graves en lo inmediato; proscribir a Antorcha del país, es decir, a más de un millón de mexicanos organizados, en cambio, sólo podría conseguirse mediante una masacre brutal o mediante una guerra civil, en caso de que los agredidos decidieran defenderse. El huevo de la serpiente habría eclosionado y sus funestas consecuencias se extenderían por todo el territorio nacional. Por eso insisto: si MORENA quiere gobernar a México (cosa a la que Antorcha, además, no tiene ningún interés particular en oponerse), debe hablar claro y alto sobre qué tratamiento piensa dar a quienes crea sus “enemigos”, con razón o sin ella, pues siempre será mejor saber a qué atenerse en cuestiones tan vitales como ésta, en vez de marchar con  los ojos cerrados hacia el abismo.